Zapata conocía como "mínimo desde hacía meses" su imputación

El concejal de Ahora Madrid ha acudido a los juzgados este viernes a declarar en el juicio que se celebra contra él, y otros tres acusados, por okupar un edificio situado en el número 21 de la calle Pez, el conocido como Patio Maravillas.

Fue él mismo el que informó de su imputación el pasado miércoles, dos días antes de que tuviera que prestar declaración, a través de las redes sociales. La citación judicial se le comunicó cinco días antes, el viernes 27. Y al menos Manuela Carmena y Rita Maestre conocían la situación procesal de Zapata, tal y como afirmó ayer mismo la portavoz municipal, pero no la comunicaron a la ciudadanía.

Este viernes, ante el juez, el edil del Ayuntamiento de Madrid ha declarado que cuando conoció la orden de desalojo ya había dejado las actividades en el Patio Maravillas ya que se encontraba en el proceso de formación de la candidatura que concurriría a comicios, si bien ha reconocido que siguió participando en ese periodo en alguna actividad.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, señalan que el concejal conocía con mucha anterioridad su imputación en este proceso: cuando se cierra la fase de instrucción- explican- se informa a las partes, que ya tenían conocimiento previo de esta investigación. Este paso suele ocurrir "con bastantes meses, incluso un año, de anterioridad a la celebración del juicio". Esto contradice de lleno a la alcaldesa que, minutos antes a la declaración de Zapata, afirmaba desde el Consistorio que el edil desconocía su imputación. "No sabía que tenía un procedimiento abierto, creo que fue una sorpresa para él cuando le llegó la citación", dijo Carmena.

"Desde el momento en que existe una denuncia informan al denunciado" de este hecho ya que puede darse el caso de que sea una denuncia falsa, de que se hayan confundido, etc. El investigado está informado desde el primer momento para que sus derechos no sean conculcados, señala otra fuente.

Zapata también deja en mal lugar a la alcaldesa pues, Carmena, tras defender la okupación de edificios vacíos, añadió que la condición a esas okupaciones es que "cuando los dueños reivindican la propiedad las personas que han generado esa actividad se marchen, naturalmente". Zapata no lo hizo, ni siquiera cuando conoció la orden de desalojo, tal y como ha declarado ante el juez.

El propietario retiró la acusación

No obstante, al inicio del juicio, el abogado del propietario ha anunciado que retiraba la acusación y ha abandonado la sala. En su escrito, pedían que los procesados le pagaran 18.000 euros.

No lo ha hecho la Fiscalía que solicita una multa de 1.800 euros a los cuatro acusados, pues los considera autores de un delito de usurpación de inmueble, contemplado en el artículo 245.2 del Código Penal. Así pide esta multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros. "El bien protegido es el derecho a la propiedad privada y el derecho de su propietario a acceder al bien que le pertenece", ha subrayado la fiscal y ha agregado que los ocupantes del edificio carecían de título legítimo para realizar actividades, siendo ocupados por cientos de personas en las que nadie asumía la figura de interlocutor.

"Yo quise explicar al juez las actividades del Patio"

Sí que ha reconocido Zapata que estuvo presente en una concentración pacífica, el 20 de marzo de 2015, que se realizó en el exterior del espacio, una protesta de la que no recuerda que estuviera presenta las Fuerzas de Seguridad del Estado. "A partir de principios de 2015, yo dejé de ir al espacio porque estábamos organizando una candidatura municipal y eso ocupaba todo mi tiempo. Posteriormente, el abogado nos indicó que había una orden de desalojo", ha señalado.

Tras ello, ha insistido a preguntas de la fiscal que no sabía las intenciones que tenía el propietario para hacer con el edificio. "Yo quise explicar al juez las actividades del Patio", ha dicho en alusión a cuando acudió de forma voluntaria al juzgado.

Todos los acusados han insistido en que sabían "que se había iniciado un procedimiento para el desalojo" al ser preguntados sobre si conocieron que había una denuncia del propietario porque quería recuperar el inmueble. El propietario del inmueble ha explicado que en febrero de 2014 se hizo un requerimiento notarial para que los ocupantes del edificio abandonaran el lugar, acudiendo al Patio con un notario. Además, ha contado que cuando fue a por las llaves del edificio la puerta estaba atascada, indicándoles los ocupantes desde el balcón que no iban a dejar el espacio.

Agentes de la Policía Municipal han indicado que generalmente nadie se presentaba como responsable del centro, indicando que entregaban los documentos en los que venía escrita la orden de desalojo. "Tras ir varias veces, ya no nos abrían la puerta", ha señalado uno de los policías.

En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que el inmueble citado fue okupado desde 2010 por diversos grupos de personas que acudían al lugar para organizar diversas actividades organizadas por asociaciones. De este modo, los simpatizantes de estos grupos han venido usando el edificio para realizar sus actividades, "algunas abiertas al público a pesar de carácter de título alguno para ello y de haber sido requeridos por la propietaria para el desalojo en diversas ocasiones".

Así, el 4 de febrero de 2014 se les otorgó el plazo de diez días para que abandonaran el lugar, poniendo en su conocimiento expresamente la posible comisión de un delito de usurpación. Los acusados desatendieron la solicitud de desalojo.

La propietaria realizó un nuevo requerimiento el 15 de septiembre de 2014, dando a los ocupantes un mes para que se fueran. El 19 de febrero de 2015, se dictó un auto en este procedimiento acordando el desalojo del inmueble en el plazo de un mes. Los acusados, que ejercían como representantes del autodenominado 'Asamblea del espacio polivalente autogestionado Patio Maravillas', desatendieron los reiterados requerimientos de la propiedad.