Andalucía también ha propulsado la habitual comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en presuntos casos de corrupción. En este caso, la Asamblea autonómica ha dirigido el foco a la trama de los cursos de formación, otro brazo con el que la Junta habría financiado a sus amigos electores y empresarios. Para dar explicaciones sobre esta red, han acudido este lunes los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán; este martes será el turno de la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía calcula que el entramado de los cursos de formación podría haber defraudado hasta 3.000 millones de euros.
Las contradicciones de Chaves
Manuel Chaves, el primero de los grandes nombres en comparecer en esta comisión, ha empezado reconociendo que probablemente "no todo estaba bien" para terminar argumentando todo lo contrario: "Yo creo que todas las ayudas para los cursos de formación siguieron los cauces habituales".
En cualquier caso, se ha desvinculado de la gestión o concesión de los fondos destinados a los cursos. Sí ha reconocido que su Gobierno decidió la cantidad del presupuesto dedicada a las subvenciones; pero ha detallado que se firmó un convenio de colaboración con las centrales sindicales para que la adjudicación corriera a cargo de la consejería de Empleo. "La subvención aprobada por el Gobierno se aprobó con todos los trámites. A partir de ahí, no sé, la gestión corresponde a estructuras inferiores. Un informe del ministerio de Trabajo de 2014 marca que se realizó correctamente".
Las contradicciones han marcado el discurso de Chaves, que antes de aludir a ese informe de Empleo había sembrado dudas sobre el proceso de concesión de los cursos: "Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena; seguramente, no todo estaba bien, es posible que hubiera irregularidades, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la Administración; esa es mi opinión".
De haberse cometido el ilícito, ha apuntado Chaves, "sería por parte de quien los cometió, no de ningún directivo de la Administración". Aunque ha animado a los grupos parlamentarios que componen la Comisión a que formularan algunas preguntas a quienes fueran los miembros de su equipo encargados o vinculados a las consejerías que manejaron los presupuestos, también ha expresado su convencimiento de que actuaron "en el marco de la más estricta legalidad de la distribución de competencias que correspondían tanto al Estado como a la Junta".
Griñán: "Pudo haber deficiencias"
El expresidente José Antonio Griñán ha defendido que la administración andaluza siempre ha actuado "de acuerdo con la legalidad" en la concesión de subvenciones para la formación. Ha añadido que las "deficiencias" que hubieran podido producirse "no han sido de la administración sino, en todo caso, contra ella".
Griñán ha defendido que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista". El expresidente ha señalado que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha sostenido después de recordar que tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.
"Yo tengo muchas deficiencias en mi gestión, pero no es el caso", ha dicho Griñán. "En un momento determinado, no hay suficientes recursos destinados para desarrollar todas estas funciones. En relación con la actuación de mi gobierno o gobiernos anteriores nos dejamos llevar por una burbuja que determinó que luego hicieran falta muchas ayudas. Yo asumo mi parte de responsabilidad", ha añadido el expresidente.
Cursos de formación
El caso de los cursos de formación acumula más de 300 detenidos. Se trata de uno de los presuntos fraudes más multitudinarios de España, que nació de una denuncia de la Seguridad Social sobre presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones. Según la investigación, el entramado fraudulento distorsionó el número de alumnos inscritos en los cursos de formación o destinó fondos a cursos fantasma. Además, contrataban a personal poco cualificado para ahorrar en sus sueldos.
Junto con los exconsejeros Manuel Chaves y José Antonio Griñán, figuran entre los imputados Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre los años 1987 y 1990, y Antonio Fernández, consejero de Empleo en el período comprendido entre 2004 y 2010. Completan la lista, entre otros, una serie de alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos andaluces, así como varios empresarios.