Colau se desentiende de la violencia en Gracia y dice a los vecinos que hablen ellos con los okupas

"Semana grande" para los violentos y antisistema en la "Vila de Gràcia", distrito de Barcelona que registró anoche la tercera explosión de violencia en tres días. Grupos organizados asaltaron y prendieron fuego a una oficina de La Caixa en la plaza del Diamante y destrozaron cuantos escaparates encontraron a su paso. También quemaron contenedores, tiraron motos y se emplearon con extrema violencia en puntos muy diversos y distantes entre sí del barrio en ataques perfectamente planificados.

Los Mossos d'Esquadra sólo lograron detener a una persona, un individuo de treinta años y nacionalidad española, que portaba una mochila cargada con pastillas para prender fuego. Fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos. Antes de los disturbios, diversos periodistas fueron increpados por los manifestantes que reclaman la reapertura del "Banc Expropiat", unos bajos comerciales en los que se vendía ropa y libros y se llevaban a cabo actividades sociales y cursos de inglés y euskera.

Como en las dos anteriores noches, tras la manifestación comenzaron los disturbios, de más intensidad que los precedentes. La amenaza que planea sobre la ciudad es que esta noche, la del viernes y el sábado serán iguales o aún peores.

Ante la situación, que tiene desesperados y atemorizados a los vecinos de Gracia, la alcaldesa ha decidido desentenderse del asunto. Los okupas del "Banc Expropiat" no quieren hablar con ella, alega para pasar la responsabilidad a las organizaciones vecinales del barrio y que sean ellos los encargados de pacificar la situación. Ada Colau se limita a condenar la violencia y pedir "proporcionalidad" a los Mossos.

Mientras, diputadas y dirigentes de la CUP, como el concejal Josep Garganté, así como miembros de Barcelona en Común., el partido de la alcaldesa, se presentan en las manifestaciones para dar su apoyo y "controlar" las actuaciones de los Mossos. La CUP es el único partido en Cataluña que no ha condenado la violencia de los grupos radicales. En cambio, ha exigido la dimisión del director general de la policía autonómica, el ex concejal y exsocialista Albert Batlle.

Los daños materiales en el mobiliario público ascienden ya a noventa mil euros. Los privados son casi incalculables. Y los vecinos de un barrio que votó en una alta proporción a Colau están ahora indignados con una alcaldesa que es un manojo de contradicciones entre su discurso y sus obligaciones institucionales.