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Cursos de ¿formación?: A un discapacitado se le congela un brazo en Huelva

Se utilizó a menores discapacitados procedentes de un centro de acogida de desamparados para una empresa de congelación de pescado.

El caso se encuentra en la maraña de testimonios y documentos que analiza e instruye el juzgado número 5 de Huelva. Los ejemplos de la falta de condiciones adecuadas y la ausencia total de responsabilidad y control por parte de la Junta son muchos y ya es conocida, por ejemplo, la denuncia de los ex trabajadores de Delphi en Cádiz sobre la calidad de los cursos del exconsejero Ojeda.

Pero este caso tiene una peculiaridad que da una idea de la falta de escrúpulos en los que el caso está envuelto. Un grupo de alumnos discapacitados acusaron a la Junta de Andalucía ante la Policía por permitir las malas condiciones que tuvieron que soportar durante la realización de uno de estos cursos.

A un alumno discapacitado que recibía un curso de la empresa Gobafrost, a causa de las malas condiciones y tareas incomprensibles que desarrollaban en la empresa como limpiar las instalaciones, llegó a congelársele el brazo.

Cuenta La Razón que en un curso de la empresa Gobafrost, S.A., constituida en 2010 por Jesús Gómez Cristóbal, administrador único además de las empresas Auto Dijesma, SL y Pescados DMaría, SL. Precisamente ese mismo año la Junta de Andalucía, vía sus Delegados de la Junta en Huelva y su delegado de Empleo, Manuel Alfonso Jiménez y Eduardo Muñoz, anunciaron la realización de 141 cursos, con un coste de 5,6 millones que serían desarrollados por 70 empresas, una de ellas, Gobafrost. Otras 33 entidades sin ánimo de lucro se harían cargo de otros 125 cursos con un importe de 3,6 millones de euros.

En concreto, a Gobafrost se le otorgaron 192.555 euros, de los que le fueron abonados al responsable de la empresa al menos un 70 por ciento. Con el dinero debía organizar cuatro cursos: "Auxiliar de comercio exterior", "Operario de procesos de la industria alimentaria", "Actividades de venta" "Administrativo polivalente para pymes". Todos con 15 asistentes, excepto el último, con 10, y un compromiso de contratación del 60%.

Denuncias ignoradas

Los alumnos dieron a la Policía una versión de los hechos que pone los pelos de punta y que hace sospechar lo que ha ocurrido realmente en el escándalo del fraude de los cursos de formación.

Entre otras apreciaciones, los alumnos contaron que las instalaciones en las que se impartieron "no eran adecuadas para la docencia" ni estaban acondicionadas para "personas con discapacidad".

Entre las tareas que nada tenían que ver con los cursos estaba que debían limpiar "la nave" y luego "montar" la maquinaria a usar, "siendo ésta de baja calidad y teniendo fallos cada dos por tres".

El accidente tenía que llegar y llegó cuando uno de ellos, desarrollando las labores encomendadas, sufrió la congelación del brazo en una de las máquinas.

Además, denunciaron que no tenían horario, que "trabajaban a destajo" y "tenían problemas para coger el tiempo de descanso", pese a ser muy necesario por el frío que soportaban al realizar su tarea (se trata de una empresa de congelación de pescados), sin sistema de calefacción.

Añade el periódico del grupo Planeta que uno de los beneficiarios del curso, transmitió a los investigadores que, "en su opinión, la empresa se aprovechó de los minusválidos para obtener" la ayuda, que los "jefes" fueron "muy duros" con ellos y les exigían "desempeñar funciones que a muchos les resultaban penosas debido a su discapacidad, como tener que arrodillarse cogiendo mucho peso" y querían que el trabajo fuera "perfecto".

La entidad, según las denuncias, "utilizó a menores procedentes de un centro de acogida de desamparados" para "realizar prácticas sobre los trabajos allí" desarrollados, lo que, a su juicio, suponía "un abuso laboral de dichos menores".

La policía recoge el hecho de que los alumnos fueron a la Junta a "a denunciar las malas condiciones en las que se encontraban ante la Junta y lo que recibieron fueron respuestas evasivas". Por la empresa fueron "coaccionados e intimidados para que realizaran las labores" como "quería la empresa, bajo amenaza de no ser contratados" al final de los cursos, o de ser "despedidos", una vez trabajando.

El empresario ha manifestado desconocer "de qué manera se le puede congelar un brazo" a alguien "en un proceso legal" como el que realizaban en la empresa, que "puso en marcha aquel proyecto precisamente por solidaridad con los discapacitados" y que por el camino "lo ha perdido todo", ya que a Gobafrost la crisis se la llevó por delante.

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