Considera el juez José de la Mata que el Partido Popular en su condición de persona jurídica debe responder ante la Justicia por los desmanes del caso Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. El instructor de la causa en la Audiencia Nacional -al que el portavoz parlamentario del PP Rafael Hernando ha acusado de parcial y de tener "nubaldo el juicio"- ha propuesto juzgar a 27 personas y a la formación de Mariano Rajoy, a la que considera partícipe a título lucrativo de las actividades presuntamente ilícitas. Como responsable civil subsidiario, tendrá que abonar una cantidad de 204.198 euros.
Según manifiesta el magistrado mediante dos autos, las maniobras de los miembros del Ayuntamiento de Boadilla, gobernado por el Partido Popular, junto con los presuntos conseguidores de la trama, desembocaron en que empresas favorecidas financiaran actos y campañas electorales de este grupo político. Entre los acusados se encuentran los principales cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo o José Luis Izquierdo; el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, el exconcejal José Galeote o el exdiputado del PP en Madrid Alfonso Bosch Tejedor.
"El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa" en distintas adjudicaciones a sociedades vinculadas al entramado como SUFI, Constructora Hispánica, EOC de Obras y Servicios, Teconsa, así como por las verificadas a sociedades de Francisco Correa, sostiene de la Mata. Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Manipulación y saqueo
Los descalabros de Gürtel en Boadilla del Monte conforman desde este miércoles una pieza separada en la causa. El juez sitúa el supuesto ilícito entre 2001 y febrero de 2009. Entiende que Correa y las sociedades integradas en su grupo en el municipio buscaban "enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad". José de la Mata explica que las actividades de los imputados se dedicaban "tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio".
Como medio para obtener este fin, Correa ideó un grupo con la colaboración de Pablo Crespo al que paulatinamente se fueron incorporando cargos políticos. Esta suerte de organización "llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte", precisa el juez. Unas actividades que reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros. Aparte de comisiones en dinero, Correa y sus secuaces agasajaron a políticos con regalos en especie. Por ejemplo, especifica de la Mata, el exalcalde González Panero y su familia disfrutaron del pago de hoteles, viajes a Miami y camisas a medida.
El resto de acusados en esta pieza son Isabel Jordan; Cesar Tomás Martín Morales; Rafael Naranjo y su hermano Gonzalo; Alfonso García Pozuelo; José Luis Ulibarri; José Luis Martínez Parra; Juan Carlos Rey; Jacobo Gordon; Rafael Martínez Molinero; Antonio de Miguel Reyes; José Ramón Blanco Balín; Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz; Javier Nombela; Juan Jesús Siguero; María Carmen García; José Francisco Pastor; Javier del Valle; Luis de Miguel Pérez y Alicia Vallejo. El magistrado decreta el sobreseimiento provisional de la causa para siete personas.