La conducta "cercenadora" de la juez Bolaños alarma al PP, pero no a Anticorrupción

Como ocurre con los cuadros impresionistas, que hay que alejarse de ellos para percibir la forma de su estructura, la tarea de la juez Núñez Bolaños, sustituta de la juez Alaya, va teniendo sentido y pautas conforme va pasando el tiempo y se suceden las prescripciones, los troceamientos sumariales y las limitaciones de la investigación.

En este caso, lo que ha alarmado al PP, pero no del todo a la Fiscalía Anticorrupción, ha sido la limitación a 18 empresas de la investigación del caso de los avales, un caso originado por la Junta de Andalucía que concedió 210 millones en avales entre 2008 y 2012 a diferentes empresas privadas a pesar de las irregularidades señaladas por la Intervención.

En 2013, 70 de las 143 empresas beneficiadas ya estaban en suspensión de pagos. Se concedían, pues, como en el caso de los ERE, ayudas sin los controles que manda la Ley, de forma arbitraria y a través de la misma agencia IDEA, considerada por el PP "la piedra angular de las irregularidades" en Andalucía porque está presente en casi todas las macrocausas de corrupción abiertas por la Justicia en Andalucía.

De las 143 empresas beneficiadas por estos avales, la juez Bolaños ha limitado la investigación a 18. La Fiscalía considera que esto no es "cercenar" la causa como cree el PP sino que se trata sólo de "ordenar" la investigación de manera que tenga salida. Por ello, destaca el grupo Joly, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla que desestime el recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP contra la última decisión de la juez María Núñez Bolaños.

El PP seguía la tesis de la juez Alaya de que el sumario de los avales podría ser más grande y complejo aún que el de los ERE, pero la juez Bolaños, en auto del pasado 2 de marzo, limitó el número de empresas investigadas reclamando a la agencia IDEA sólo los expedientes en los que se simultaneara el caso de los avales con ayudas sociolaborales de los ERE.

Casi 20 millones de euros se concedieron a empresas que ya habían recibido más de 68 millones de euros de la partida 31L, conocida como ‘fondo de reptiles", el mismo que el del caso ERE.

No obstante, la Fiscalía admite parcialmente el recurso del PP y pide a la juez que estime como informe clave de la causa el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del ejercicio de 2012 donde se investigaron los fondos de la agencia IDEA y se recogieron las tremendas y numerosas irregularidades. La juez, sin que haya precisión sobre la causa, había desechado ese informe decisivo.

A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera son las 18 empresas que combinaron la recepción de ayudas sociolaborales de la Junta en sus ERE con avales irregulares de la Junta.

En su recurso, el PP recriminaba a la juez María Núñez Bolaños de llevar a cabo un "infundado dribling procesal" para reabrir un debate "ya cerrado" porque la investigación ya había sido delimitada con anterioridad en varios autos dictados por la juez Mercedes Alaya y que contaron con la "conformidad" de la Fiscalía, que ahora cambia de criterio.

A pesar de la limitación del objeto de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que declare como causa de "especial complejidad" la investigación de los avales y préstamos de Idea, lo que permitiría ampliar en principio hasta los 18 meses la fase de instrucción.