La Guardia Civil bautizó la Operación Púnica en dudoso honor de su hombre clave, Francisco Granados. En compromiso con la verdad, el despliegue se denominó Púnica Granatum, del latín árbol de la granada. Las más de trece horas de confesión de David Marjaliza ante el juez Eloy Velasco, el reconocido cerebro y enlace con las empresas de la trama, acreditan que la semilla de esta red de corrupción se plantó en el municipio madrileño de Valdemoro y germinó en una quincena de ayuntamientos, principalmente de la Comunidad de Madrid, pero también de la Comunidad Valenciana, León y Murcia.
Marjaliza hace referencia directa a 13 consistorios. En el recuento, ocho del Partido Popular, cuatro del PSOE y uno de Unión Democrática Madrileña. La conclusión es que este tipo de conducta delictiva no respondía únicamente a unas siglas. La Púnica corrompió en su mayoría Ayuntamientos del PP, sí, pero con una proporción razonable teniendo en cuenta que, por ejemplo tras las elecciones autonómicas de 2003, en el éxtasis de la trama, su zona de influencia en la Comunidad de Madrid doblaba la del partido socialista.
Epicentro en Valdemoro
Libertad Digital detalló en febrero el asiento de la Púnica en Valdemoro. Gracias al levantamiento del secreto acordado el pasado viernes, han trascendido las grabaciones donde Marjaliza desgrana el modus operandi de la trama: amaños de contratos con empresas dispuestas a pagar comisiones y compras de suelo posteriormente recalificado (hecho apto para la construcción) con el que los compradores de terreno y Granados, que decidía por dónde pasaba el lápiz de la reparcelación, se repartían el consecuente beneficio.
La orgía de corrupción tomó impulso cuando en 1999 Granados aterriza en la alcaldía de Valdemoro. El relato del cerebro confirma que varios de sus homólogos en la localidad colmaron sus bolsillos en condiciones similares. Es el caso del exdiputado autonómico y sucesor de Granados en el Ayuntamiento, José Miguel Moreno Torres, que en su día se delató en una conversación con el propio Marjaliza intervenida por la investigación: "Estoy tocándome los huevos, para eso me hice diputado". Según el confesante, recibió sobres de dinero ilícito en comisiones de la Púnica que superan con mucho los 100.000 euros.
José Carlos Boza Lechuga recogió el testigo de Moreno; y al parecer recogió también la tentación. Marjaliza desvela que pagó "más de 200.000 euros" al jefe de gabinete del nuevo regidor por la adjudicación de la gestión de los parquímetros del municipio. Añade en otro episodio que adelantó de su bolsillo al PP municipal entre 90.000 y 100.000 euros para cubrir los gastos de la campaña electoral de 2011 que aupó a Boza en Valdemoro.
Pero no solo del PP vivieron los excesos en Valdemoro. Según Marjaliza, la trama de recalificación de suelo ya existía con José Huete López, el alcalde socialista al que destronó Granados en 1999, después de 16 años de dominio absoluto. Cuenta cómo entonces era Javier Cid el constructor con el beneplácito político para lucrarse con las recalificaciones de suelo y construcción de vivienda. Huete dejó el cargo después de trascender que la Comisión de Ética del PSOE le estaba investigando por el incremento súbito e injustificado de su patrimonio.
El pedigüeño de Moraleja de Enmedio
Carlos Alberto Estrada "siempre estaba pidiendo". Marjaliza retrata también a quien fuera alcalde popular de Moraleja de Enmedio, un municipio al suroeste de Madrid de 5.000 habitantes. En este fragmento de la conversación con el juez, se constata cómo no siempre llamaba a la puerta de los alcaldes, algunos le buscaban directamente.
Estrada le pidió en concreto 30.000 euros a cambio de la adjudicación de un contrato de eficiencia energética que finalmente se llevó Cofely. Se lo entregó "todo, todo. De una vez. En un sobre. Se lo llevé al Ayuntamiento". Al ser imputado en dos ocasiones por temas de corrupción –la Púnica y una red que se lucraba con contenedores de ropa donada para los más necesitados-, este exalcalde dimitió en agosto de 2015 como líder de la oposición municipal.
Dos partidos en Serranillos del Valle
La investigación da por hecho que Olga Fernández utilizó sus contactos políticos para adjudicarse contratos públicos cuando dejó la alcaldía de Serranillos del Valle en 2011, después de ocho años de mandato. La exregidora del Partido Popular está imputada, entre otras cosas, por un convenio para la recogida de ropa con una de sus empresas que ni siquiera tenía trabajadores ni figuraba en la Seguridad Social. "Por supuesto que no", contestó Fernández cuando el juez le preguntó si tenía algo que ver.
El candidato de la Unión Democrática Madrileña, Antonio Sánchez, venció en las elecciones municipales de 2011 a la hasta entonces alcaldesa. Lejos de desenredar la maraña de ilícitos urdida por su antecesora, habría dado continuidad a las actividades con la Púnica. Marjaliza especifica que en una ocasión le pidió 25.000 euros para un coche, pero que al final no lo pudo pagar porque le detuvieron.
Móstoles y Sevilla la Nueva
El juez de la Púnica consumó el pasado 11 de mayo el penúltimo paso para imputar a Daniel Ortiz. El diputado autonómico de Cristina Cifuentes habría levantado la mano en uno de los mayores pelotazos de la trama, un contrato amañado de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles. Velasco detalló la contrapartida: comisiones que se repartieron en pagos de 6.000, 240.000, y 500.000 euros "como reconocimiento a su ayuda".
Marjaliza no corrobora este extremo en su confesión. El cerebro sostiene que entró en Móstoles gracias a Mario Utrilla, exalcalde del PP de Sevilla la Nueva, que le presentó a su hermano Alejandro Utrilla, concejal de Móstoles: "Con él (Mario) habíamos pactado 40.000 euros por la gestión de presentar al hermano, pero solo le dimos 6.000". En relación a Ortiz, manifiestas serias "dudas de que el alcalde estuviera implicado".
Las fiestas de Torrejón de Velasco
"El alcalde de Torrejón de Velasco nos pidió muchas cosas para el Ayuntamiento: pagamos las fiestas, el concierto de Serrat y hasta el capitolio de la iglesia de 600.000 euros… A él no llegué a pagarle mucho porque el tema no avanzó… unos 20.000 o 30.000 euros. Tengo alguna factura porque él era abogado. Se había comprometido a tramitarnos rápido la recalificación del suelo". Marjaliza se refiere al popular Miguel Ángel López, que también se habría dedicado a saquear las arcas del municipio madrileño de 4.100 habitantes.
Prensa intermediaria en Collado Villalba
La Fiscalía Anticorrupción maneja un intercambio de correos electrónicos entre dos directivos de Cofely, una de las empresas más activas en la Púnica. Hablan sobre una factura que están preparando para este Ayuntamiento de Collado Villalba: "El pedido lo tenemos que hacer exactamente por 76.440 euros, ¿verdad? Me voy inventando los conceptos". Aunque los investigadores han identificado el extracto al que hacen referencia, Marjaliza explicó al juez que "nunca" van a cuadrar los pagos con lo que aparece en los contratos y que las notas no corresponden siempre a un trabajo real.
En otro momento del interrogatorio, Marjaliza alude a un "acuerdo" al que llegó con Cofely en Collado Villalba. El cerebro adelantó 100.000 euros un año antes de que se celebrara el concurso. "Se lo di a Pedro (Cofely). Entiendo que él se lo dio al alcalde" popular Agustín Juárez. En cualquier caso, el confesante precisa que nunca trató con el regidor, solo se relacionó a través de Víctor Manuel Ortega, director de un periódico local que actuó como "intermediario".
Vacaciones en Getafe
Pronunciar el nombre de Juan Soler es poner en la palestra a un actual senador, diputado autonómico y concejal en el Ayuntamiento de Getafe. Marjaliza le salpica como alcalde por el Partido Popular de ese mismo Consistorio: "Getafe yo lo que pagué, fueron tres vacaciones de unos 3.000 euros que me dijo Pedro García (Cofely) que tenía que pagar". El juez Velasco le pregunta: "¿al alcalde?", y Marjaliza contesta "él me dijo que eran para el alcalde, que eran vacaciones para el alcalde".
Este presunto pago de vacaciones puede estar vinculado con los viajes a París que la multinacional Cofely ofreció a Juan Soler. La Guardia Civil incautó una nota manuscrita en uno de los registros que recoge los nombres de localidades cuyos alcaldes fueron invitados a Francia, entre ellos el de Getafe.
Cerca de Cifuentes en Alcalá de Henares
"En Alcalá de Henares hubo un acuerdo con el anterior alcalde, Bartolomé González, de 60.000 euros. No recuerdo si se pagó o no porque sé que la factura me la hizo a mí y yo saqué el dinero. Yo sé que el acuerdo sí estaba y estaba con Bartolo". Marjaliza narra al juez el pacto de comisiones entre 2012 y 2013 con el entonces alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González.
González es en la actualidad diputado autonómico y forma parte del grupo parlamentario popular encabezado por Cristina Cifuentes. El conseguidor de la Púnica asegura que aquella compensación se cerró antes de su llegada a Cofely.
Una dispensa: Casarrubuelos
Algunos de ellos no percibieron ningún pago en su propio beneficio, aseguró Marjaliza. Fue el caso del exalcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP). "No se pagó nunca nada aquí. Yo lo intenté varias veces", declaró el empresario en referencia al pago de comisiones al alcalde. "Siempre que me decía que quería mejoras para el Ayuntamiento, que lo que yo le fuera a dar a él fuera para el Ayuntamiento, mejores cosas para el municipio".
Según David Marjaliza, le costó "casi un año" lograr que Cofely le fichara como asesor, lo que le interesaba no por el sueldo (1.500 euros mensuales) sino porque se llevaba un rápel del 1 al 3% por cada contrato de eficiencia energética que se lograse.
La mayor mordida en Parla
La confesión de Marjaliza atribuye la mayor mordida de la red al exalcalde socialista de Parla, José María Fraile. Habría recibido a través de su jefe de gabinete, Antonio Borrego, 500.000 euros que correspondían a la mitad de las ganancias del empresario en dicho municipio.
Antes que a Fraile, Marjaliza había pagado a su antecesor Tomás Gómez, que se mantuvo como regidor entre 1999 y 2008. "¿Cuánto le pagó usted?", le pregunta la Fiscalía Anticorrupción. "Exactamente no me acuerdo. Se le pagaron muchas cosas, se le pagaron mítines, se le pagaron banderolas, se le pagaron bebidas, se pagaron muchas cosas", responde David Marjaliza.
Comisiones en el PSOE de Pinto
El exalcalde socialista de Pinto entre 1995 y 2005, Antonio Fernández, se habría embolsado comisiones por la construcción del proyecto comercial y empresarial Plaza Éboli, según declaró Marjaliza. El confesante explica que su mano derecha, el también empresaro José Luis Capita, efectuó esos pagos: "No recuerdo si eran sobres porque no los llevé yo, pero seguramente sí". En cualquier caso Marjaliza especifica que los ingresos se hicieron hace más de 10 años y el posible delito cometido estaría prescrito.
Antonio Fernández estuvo al frente de la alcaldía de Pinto durante diez años, entre 1995 y el año 2005. Un juez le condenó en 2014 a pagar una multa por un delito de coacción y acoso laboral contra Paloma Crespo, trabajadora municipal de Aserpinto. La sentencia fue anulada por la Audiencia Provincial, que ordenó repetir el juicio.
Viviendas de Aranjuez
A cambio de la adjudicación de suelo para la construcción de vivienda de protección oficial y libre, Marjaliza sostiene que pago comisiones ilegales al regidor socialista de Aranjuez entre 2003 y 2011, Jesús Miguel Dionisio Ballesteros. En esta operación similar a la de Parla en la que el cerebro de la trama consiguió construir unas 167 viviendas, intervino como mediador José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (Murcia) también del PSOE.
"En Aranjuez nos adjudicaron varias viviendas protegidas y la tramitación fue a través de José Antonio. Él me hablaba a mí de que hablaba con el alcalde, yo no era el que le daba el dinero al alcalde, yo se lo daba a él, a José Antonio. Nos pedía el dinero cuando nos adjudicaba las viviendas, pues, no sé, hay que dar 100.000 euros, por ejemplo. Si lo tenía se lo daba, y si no le decíamos que se esperase un mes o dos y cuando lo teníamos venía a la oficina y se lo dábamos. Siempre en efectivo. Vendíamos vivienda, locales, y según íbamos generando dinero se iba pagando", relata Marjaliza.
Intermediario en Cartagena
La influencia empresarial de Marjaliza prefería el hábitat del Partido Popular. Sin embargo, la posibilidad de multiplicar el botín en territorio socialista animó al coseguidor a buscar un enlace ideológico. Según el contenido de la confesión, esa persona fue Antonio Alonso Conesa, entonces alcalde de Cartagena (Murcia). Asumió el papel de intermediario en los presuntos ilícitos de Parla y Aranjuez y se benefició de las comisiones por la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas protegidas.
Marjaliza apunta a Alonso como el segundo eslabón del proceso de consecución de las adjudicaciones: "Siempre había una máxima: Si te gusta la magia, no preguntes el truco".