La incomparecencia de Báñez termina en bronca general anti-PP

En primer lugar, la doctrina jurídico-política de los altos tribunales y del propio Consejo de Estado para la distribución de competencias entre Congreso de los Diputados y Parlamentos autonómicos es clara desde hace treinta años, pero tener que recurrir a un dictamen urgente con fecha domingo 15 de mayo para recordarla puede ser considerada una negligencia porque ha dado la impresión de ser un dictamen ad hoc para salvar a la ministra de una Comisión hostil.

En segundo lugar, no hay precedentes en la reciente democracia española de que un ministro en activo, en funciones o no, haya acudido a un Parlamento autonómico para algo parecido a un interrogatorio en una Comisión de Investigación, pero el artículo 52,2 del Reglamento del Parlamento andaluz dice: "Las Comisiones de Investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar Ponencias en su seno, así como requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Parlamento, de cualquier persona para que sea oída". Esto es, no hace distinciones entre ministros en activo, en funciones o exministros (varios de ellos, asimismo del PP, ya han pasado por otras Comisiones de Investigación de la cámara andaluza).

En tercer lugar, recuerda oportunamente El Mundo que la incomparecencia de la ministra Báñez parece seguir la línea del propio gobierno popular de no acudir a sesiones de control en el propio Parlamento nacional, un comportamiento que ya no tiene anclaje en dictamen de organismo alguno y que, sin embargo, contra el criterio general, se ha seguido manteniendo.

En cuarto lugar, apelar a un "obligado cumplimiento" por parte de la ministra de un dictamen discutible, y en todo caso no de forzoso cumplimiento, del Consejo de Estado, es una interpretación poco sostenible. De hecho, la ministra podría haber acudido de buena voluntad, haber hecho una intervención a su conveniencia y luego no responder a ninguna de las cuestiones, como han hecho otros comparecientes.

En quinto lugar, el PP andaluz ha sido incapaz de airear que el dictamen del Consejo de Estado está apoyado por dos consejeros del PSOE del órgano consultivo y que el reglamento del Parlamento andaluz no obliga a la comparecencia salvo a los funcionarios si bien se refiere abstractamente a las "autoridades".

Actitud lamentable de C's, PSOE y Podemos

Muy especialmente ha sido la conducta del presidente de la Comisión de Investigación, Julio Díaz, de Ciudadanos y exconcejal del PSOE, que, contra toda la trayectoria anterior del órgano que jamás pidió un turno de palabra contra ningún incompareciente, ayer sí dio la palabra a los grupos para explicar su posición ante la conducta de la ministra Fatima Báñez. Hasta tal punto llegó su inclinación contra la ministra que, relata el grupo Joly, "la representante del PP-A Teresa Ruiz-Sillero haya pedido la dimisión del presidente de este órgano, Julio Díaz (Ciudadanos), por "su total parcialidad" y "por hacer un circo" de la incomparecencia de la ministra, al dar la palabra a los diputados, cuando en casos anteriores de incomparecencias, no se había hecho, y convocando a los medios para que hicieran la fotografía de la silla vacía. De hecho, el PP ha pedido su dimisión.

Naturalmente, se recordó que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo que la ministra iba a dar la "sorpresa" en la Comisión y se preguntó si la sorpresa era que no iba a comparecer.

El PSOE, cuyos comparecientes han dado la nota en la Comisión e incluso la han despreciado en algún caso, ha pedido que se dé traslado de la incomparecencia de Báñez a los servicios de Cámara para que, a partir de ahí, se adopten las medidas que correspondan porque la ministra "tiene la obligación" de acudir a la Comisión. De hecho, quiere que la Fiscalía intervenga en el caso, que es el mismo deseo político de Izquierda Unida.

Lo que resulta a todas luces escandaloso es que, además de la incomparecencia de la ministra Báñez, se produjo otra más en el día de ayer. En este caso fue la de la consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PSOE María Dolores Genaro, quien justificó su decisión en su "total desconocimiento" sobre el procedimiento de concesión, gestión, justificación y evaluación de las subvenciones otorgadas por la Junta en materia de formación profesional para el empleo. Pero esta incomparecencia no ha merecido mención alguna.

Podemos, que ha recordado la incomparecencia también de una consejera del Tribunal de Cuentas, va a presentar una denuncia y que sea el Tribunal Supremo el que decida si la ministra tiene obligación o no de acudir a estas Comisiones autonómicas y, por ello, si ha habido delito o no en su conducta. Sobre todo lo demás, silencio.

Marta Bosquet, de Ciudadanos, más moderada que su compañero, el presidente de la Comisión, ha subrayado el plus de ejemplaridad que una ministra debe dar y dijo no entender "la poca colaboración y el desinterés por parte del PP hacia los andaluces y lo que ha pasado con el dinero".

En definitiva, el descrédito creciente de la Comisión de Investigación, torpedeada por la Junta desde el principio con su falta de apoyo y transparencia, su falta de colaboración y sus obstáculos a la entrega de documentación, tuvo ayer un nuevo capítulo, facilitado por el propio PP, en el que de nuevo funcionó el "todos contra el PP" obviando el sentido y el objeto de la investigación. Y eso, a cuarenta días de las elecciones generales.