Han pasado 10 años desde el fatídico 3 de julio de 2006. Una década después del peor accidente de metro de la historia de España, no pocas incógnitas se ciernen sobre la realidad de los hechos. La tragedia ocurrió pasado el mediodía en la red de Metrovalencia, de la empresa Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana. Descarrilaron dos coches del convoy causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47.
La investigación ha avanzado a trompicones entre carpetazos polémicos y reaperturas de la causa por presión de la oposición. También ha resultado crucial el papel de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, que nunca ha renunciado a la defensa de los pasajeros que perdieron la vida y sus familias. La corriente de acusaciones a la gestión de aquel incidente, con nombres y apellidos, ha desembocado este lunes en las Cortes.
El entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; su número dos en aquel Gobierno, Víctor Campos; y el exconsejero de Agricultura en el momento de los hechos, Juan Cotino; han comparecido en la comisión de investigación del Parlamento autonómico que intenta depurar responsabilidades políticas. Las víctimas se han manifestado en dos direcciones: por un lado, entienden que la Generalitat no prestó apoyo suficiente y, lo más polémico, que Cotino intentó comprar su silencio a cambio de ofrecimientos indecentes.
Defensa de una gestión polémica
La izquierda política del Parlamento valenciano, representada sobre todo por el PSPV-PSOE, Podemos y Compromís, ha dirigido sus agresivas preguntas a demostrar que el accidente se debió al supuesto mal estado de la maquinaria y que el Gobierno de Camps silenció la investigación en Canal Nou. En el extremo opuesto, el expresidente ha defendido otra tesis: "No le encargué a nadie ninguna cosa extraña. Le dije a todo el mundo que teníamos que estar con las familias".
Camps ha alegado en su defensa que se puso "a disposición de las víctimas" y que "nadie de la oposición" llamó a la Generalitat. Según el dirigente valenciano y el resto de los miembros de aquel ejecutivo, no se cometieron errores y la línea ferroviaria se encontraba en perfecto estado de revista; afirmaciones que contrastan con informes que hablan de tres descarrilamientos previos de menor escala y de que la empresa pública de ferrocarriles había ocultado sus auditorías de seguridad en 2005 y 2006 por una serie de deficiencias.
Sobre el papel de Juan Cotino, ha explicado que se limitó a intermediar entre las familias y la Administración Pública por su experiencia profesional: "Había vivido por sus cargos y sus funciones tragedias personales en un grado sumo, siempre estuvo predispuesto por su experiencia de director general de la Policía en España y delegado del Gobierno. Se ofreció junto con muchas personas hablar con personas que necesitaban de un cariño y un apoyo personal". Ni rastro de ofrendas para contener acciones judiciales contra cargos públicos.
Por último, Camps ha negado que enviara órdenes a la televisión pública valenciana para que silenciara el recorrido de aquel suceso: "No le di ninguna consigna a nadie. Cuando hablan de consignas mediáticas me parece tan fuera de contexto".
"Nada a cambio de nada"
La ronda de interrogatorios a la cúpula de aquel Gobierno valenciano ha comenzado con la declaración de Víctor Campos. El entonces vicepresidente ha sostenido que se trató absolutamente igual a todas las víctimas, sin discriminación. No ha querido pronunciarse más acerca de las familias afectadas, que "siempre van a tener quejas". Sí ha dejado una reflexión: "Te aseguro que hicimos todo lo que legal y humanamente pudimos hacer. Creo que lo hicimos bien".
Víctor Campos ha aplaudido la labor que desempeñó Cotino como interlocutor: "No estuve con él en ninguna reunión con familiares de las víctimas, pero no tengo duda en que únicamente se ofrecía ayuda y colaboración. No sé por qué hay algunas familias que se empeñan en defender lo contrario". Es la misma versión que ha defendido el propio expresidente de las Cortes Valencianas durante su intervención.
Juan Cotino ostentaba entonces el cargo de consejero de Agricultura. Existen testimonios de víctimas que relatan cómo les ofrecía ventajas si renunciaban a la vía judicial. Entre esas propuestas han trascendido la reducción de intereses hipotecarios y tasas universitarias, entrenamientos privados con el Levante UD y el Valencia CF e incluso ofertas de empleo para incorporarse a sus propias empresas.
Como objetivo de todas las miradas, Cotino ha especificado que su labor era "ir e intentar ayudar en la medida de lo posible, con más acierto o menos". En un ejercicio de aparente humildad ha manifestado que lo hizo a conciencia: "Pude hacerlo mal a la intención de alguna familia, yo lo respeto, pero todos saben que a nadie le ofrecí nada a cambio de nada".