Estampas del fraude de la formación en Andalucía (1): La satisfacción de las investigaciones certeras

Libertad Digital es uno de los medios que ha contribuido decisivamente a desmadejar la trama de la formación profesional fraudulenta en Andalucía. No sólo porque diera en exclusiva la noticia de la Operación Edu, de la UDEF, que ponía en marcha la maquinaria policial para destapar un caso de corrupción gigantesco, quizá el más grande de la historia de España y que no ha hecho más que empezar porque sus tentáculos se extienden por toda España.

Tampoco porque aportara en exclusiva rigurosa los ocho informes de los interventores provinciales andaluces sobre el caso que demostraban la magnitud y la envergadura de un modo corrupto de proceder con el dinero público.

Sobre todo, Libertad Digital, que siempre ha aportado investigaciones complejas y muy concretos datos sobre tramas, personas, empresas, lugares y cantidades en esta trama y en otras, ha realizado un trabajo que, por más que molestase a unos y a otros, jamás ha sido puesto en duda debido a la veracidad esencial de sus aportaciones.

Mucho antes de que la policía comenzase sus investigaciones, investigaciones que surgieron de la confluencia del trabajo de Libertad Digital y las comprobaciones pertinentes de los organismos estatales en los datos publicados, este diario ya había puesto encima de la mesa casos esenciales.

El caso Sifosa

Nos referiremos en la primera de estas estampas al caso de la familia de Antonio Muñoz López, padre de los hermanos Muñoz Zamora, Benjamín, Santiago y otros, todos ellos y algunos familiares partícipes en mayor o menor medida y en un momento temporal u otro de un entramado de empresas relacionadas con la formación profesional y el fraude del que hablamos.

Libertad Digital puso sobre el tapete la envergadura de los hechos cuando indagó en el extraño archivo por parte de la Fiscalía sevillana de cuatro denuncias –23 de abril de 2014-, contra el grupo del que formaron parte. Se trataba del conglomerado Sifosa, una organización empresarial denominada Asociación de Centros Formativos SIFOSA -Asociación SIFOSA-. En su constitución ante la Junta de Andalucía como tal asociación, que tuvo lugar en enero de 1997, figuraron José María González Romero, María Concepción Zamora García, Jesús Zamora Mazuelas, Rodrigo Jiménez Aguilar y Santiago Muñoz Zamora.

En el conglomerado Sifosa aparecía la empresa CEFASA, apoderada en el momento de la denuncia, junio de 2013, por Benjamín Muñoz Zamora, administrador entonces junto con la expresidenta andaluza del PSOE, Amparo Rubiales y el catedrático y asesor de Manuel Chaves, Javier Pérez Royo, de un despacho jurídico y dos sociedades mercantiles.

La Fiscalía de Sevilla archivó con fecha 23 de abril de 2014 cuatro denuncias sobre el presunto fraude de esta asociación y empresas vinculadas en la obtención de subvenciones destinadas a cursos de formación. Luego, la UDEF, en el marco de la operación Edu-ende, detuvo a Rodrigo Jiménez Aguilar, cuya hermana está casada con Santiago Muñoz Zamora, y a otros tres personas más, otro de ellos asimismo familiar de los Muñoz Zamora. Todos los detenidos confesaron que quien mandaba, dirigía y daba las instrucciones era Antonio Muñoz López, el patriarca y padre de los Muñoz Zamora.

Ayer, La Razón daba cuenta de la exactitud de la investigación de Libertad Digital. Y publicó que "los investigadores concluyen que ‘la familia Muñoz Zamora dirige’ un ‘entramado empresarial’ en el que la mayoría de las entidades "se encuentran domiciliadas en Madrid" se constituyeron "a finales de los años 80 principios de los 90 y sin que registren actividad aparente". Empresas, sociedades y asociaciones que "podían haber servido como instrumento para la captación de subvenciones públicas, fundamentalmente en la comunidad autónoma de Andalucía".

Entre los entes de la supuesta red, los agentes citan a las mencionadas Insercon, que habría recibido 271.871 euros por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las provincias de Granada y Huelva; o Sifosa, que se hizo con 2.085.447 euros en Sevilla, Córdoba y Huelva. A ellas suman el Centro Especializado en Formación y Asesoramiento de Nuevas Tecnologías (Cefasa), al que el SAE de Sevilla le otorgó 368.016 euros; el Servicio de Producción y Estudios SA (Serprosa), beneficiado por subvenciones formativas por valor de 220.278; la Asociación Hombre y Universo, a la que el SAE dio 299.332 euros desde Córdoba, provincia en la que el Centro Educativo Los Alcores SL, fue agraciado con 236.139. En conjunto, lo destinado a ese entramado a través de múltiples subvenciones se eleva hasta los 3.481.083,08 euros, a la luz de lo reflejado en una tabla elaborada por los agentes que trasladaron al juzgado.

Al margen de esa hilera, la Policía liga a los Muñoz Zamora a otras mercantiles como Metodología y Agrupaciones SL o Ingeniería Financiera y de Control SL. A Benjamin Muñoz en concreto se le relaciona con varios despachos como Serrano Abogados de Familia SLP, Muñoz Zamora Abogados SLP y Estudio Jurídico Itálica, del que fue consejero junto a la ex presidenta del PSOE andaluz Amparo Rubiales y el catedrático Javier Pérez Royo –ente que presentó en diciembre de 2012 el cierre provisional de hoja registral–.

Ahora se constata la existencia de "un complejo entramado empresarial controlado por los hermanos Muñoz Zamora" en el que muchas de sus sociedades "presumiblemente se habrían constituido e instrumentalizado para obtener un gran lucro mediante la obtención de subvenciones para formación", lo que sintetizan bajo el término de "cazasubvenciones".

La pregunta es cómo la Fiscalia sevillana no vio indicio alguno de irregularidad y archivó las cuatro denuncias interpuestas cuando algunas subvenciones se le asignaron a sociedades dadas de baja en la Seguridad Social o presentando deudas con la misma por valor de 38.544,10 euros", lo que está prohibido por ley. Es más, la docencia se facturó "por duplicado", y se subcontrató "de manera irregular con empresas vinculadas sin comunicación ni autorización para ello".

Los propios docentes destaparon que se habían cargado a los cursos "costes de docentes inexistentes" o se habían "falsificado sus firmas y contratos". Tras éstas y otras certezas, la Policía acusa al Servicio Andaluz de Empleo de "dejadez absoluta" y, tal vez, de "una acción dolosa" en la labor de control.

El caso Sivianes

Situado en la estrategia Ojeda, el exconsejero que, además de no reconocer nada de nada a pesar de las evidencias y denuncias, exige a la Junta de Andalucía el pago de cantidades pendientes y lo logra. El caso de José Sivianes fue detectado en la investigación original de Libertad Digital.

Fue en 2012 cuando Libertad Digital informó a sus lectores sobre el conjunto de empresas formadas por José Sivianes Sánchez en Sevilla, empresas en las que participaba su familia y además, Juan Luis Ferrer Rodríguez, militante socialista residente en la localidad onubense de Moguer, que fue candidato en las listas del PSOE de las elecciones municipales de 2007 y que, posteriormente, fue colocado a dedo por el alcalde de la localidad. Este grupo de empresas de formación había recibido más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.

Sivianes Sánchez había venido recibiendo subvenciones desde, al menos, el año 2008 pero demostró Libertad Digital documentalmente que la empresa Formación Integral para el Empleo SL, que administraba Ana María Rodríguez, esposa de José Sivianes Sánchez, y en la que había estado como administrador el socialista Juan Luis Ferrer, sólo aparecía un empleado fijo desde 2009 a 2011 y apenas llegaba a 3 trabajadores temporales en las cuentas del Registro Mercantil. Sin embargo, la subvención recibida en el año 2011 ascendió a 2.211.000 euros y entre los requisitos de su concesión está el perfil del personal docente, que no aparece relacionado en ninguna parte.

En este caso, la Fiscalía solicitó para él penas de entre 6 y 12 años de cárcel pero el empresario José Sivianes Sánchez, negó ayer ante la comisión parlamentaria que hurga sobre ese asunto haber "cometido irregularidad alguna" en "la concesión, gestión, ejecución ni justificación de las ayudas". Pero el juzgado sevillano que entiende de su caso, sostiene que recibió 5 millones entre 2010 y 2012 y que preparó un "entramado documental" para justificar los gastos ante la Junta y así poder percibir fondos sin haber efectuado la mayoría. Sivianes rehusó contestar a las preguntas de sus señorías. Tanto IU, como C’s y PP, se interesaron por sus "vínculos" con militantes o dirigentes del PSOE como Juan Luis Ferrer, "socio" de su esposa en otra empresa.