El juez del caso Imelsa está buscando pruebas del presunto blanqueo de capitales cometido en el Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia. En el seno de la investigación por el pitufeo que salpica a Rita Barberá -cuya causa ha elevado al Tribunal Supremo- el instructor ha ordenado la intervención de la cuenta bancaria de la formación política. Sin embargo, el magistrado ha rechazado la pretensión de la Fiscalía relativa a otra cuenta que figura a nombre de un imputado y que habría gestionado fondos procedentes de la lotería: "No se aprecian motivos, de momento, con relación a la presente causa y delito investigado, para la intervención de la citada cuenta".
Esta medida cautelar se dirige al depósito en el que se ingresó el dinero lavado. En esta pieza separada de la trama, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El magistrado ha requerido al banco para que comunique el saldo actual de dicha cuenta, para que precise la identidad de las personas autorizadas y para que impida "la realización de actos de disposición con cargo a la misma".
García-Fuster y los sobres
La secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García-Fuster, dio su versión al juez. Según fuentes presentes en el interrogatorio, negó el blanqueo de capitales y ha explicado que había una persona -no ha desvelado el nombre- que se dedicaba a recaudar las donaciones.
La investigada entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros para que participaran en el pitufeo. Así consta en el sumario, que recoge sospechas según las cuales ese dinero acabó sufragando la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015. Un número de cuenta de la formación política a nombre de Rita Barberá recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal, actualmente imputados en la causa.
Novo negó el 'pitufeo'
El PP en el Ayuntamiento de Valencia autorizó a Alfonso Novo a utilizar la cuenta del partido en noviembre de 2015, meses después de que se celebraran las campañas electorales cuya financiación se está investigando por un supuesto blanqueo de capitales. Según el exportavoz del grupo municipal, se ratificó en lo declarado ante la Guardia Civil y repitió que se hicieron donaciones de 1.000 euros pero que "no hubo retorno". Preguntado sobre la versión de los asesores que aseguran que sí se devolvía ese dinero en billetes de 500 euros, el regidor invitó a "preguntárselo a ellos".
En el escrito de defensa que Rita Barberá entregó al juez Víctor Gómez, la exalcaldesa descargó en ese comité de campaña "desde la programación de actos, mítines, visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de argumentarios a defender hasta "el soporte de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta". Barberá detallaba que este grupo estaba a cargo de Alfonso Novo, número dos en la lista del PP de Valencia, como coordinador general.
Venganza de Grau
En la versión que Barberá aportó al juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en Valencia, la lideresa reconocía que "es cierto que aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015". La actual senadora dijo no recordar "con exactitud" cómo entregó ese dinero al Partido Popular de la ciudad y manifiesto que, en cualquier caso, no se encargaba de diseñar la campaña. También clamó contra el porqué de esta "conspiración": una venganza capitaneada por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau.
Barberá expone su propia hipótesis sobre el porqué de esta investigación. Apunta a su exvicealcalde Grau, con el que se distanció tras quedar señalado en el caso Nóos en el que ahora se sienta en el banquillo. Pero, sobre todo, subrayaba la exalcaldesa, sería una venganza por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. La grabación de esta exconcejal supuso el epicentro de esta pieza separada del caso en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales.
'Pitufeo' de Imelsa
El pitufeo o smurfing es una técnica extendida para el blanqueo de capital. Consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados. El pitufeo es también la modalidad que habrían empleado los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la vertiente de la Operación Taula o caso Imelsa que salpica a Rita Barberá.
El juez de instrucción acordó también la imputación al Partido Popular en su condición de persona jurídica -la formación ya está procesada en los mismos términos en la investigación por el borrado de los ordenadores de Bárcenas en los Juzgados de Madrid-. Considera oportuno acatar la doctrina del Supremo y agotar la investigación. El objetivo es que, llegado el momento, tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dispongan de información más precisa para "valorar la implicación indiciaria de las personas aforadas".