Al igual que hicieran con la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, PSOE y Podemos-En Común-Marea han apremiado la presencia de Carlos Lesmes en la Comisión de Justicia del Congreso. Han conducido al actual presidente del Consejo General del Poder Judicial y, tal y como marca la Constitución, también del Tribunal Supremo a este encuentro para azotar al ala conservadora de la magistratura, de la que Lesmes es el máximo exponente.
Sobre el papel, Lesmes acudía "para informar y explicar el contenido última Memoria del CGPJ", a los efectos del artículo 44 del Reglamento del Congreso. En compromiso con la verdad, su discurso ha arrancado con una sucesión de datos. Sirvan como más destacados la media de edad de la magistratura en España, 48 años; la media de antigüedad, 17,4 años; o la igualdad entre géneros en la carrera judicial que dominan las mujeres con un 52%, aunque aún no se equiparan en los puestos más importantes.
También ha hecho referencia al descenso de asuntos judiciales ingresados en todas las jurisdicciones salvo el Derecho Civil. Y para concluir las formalidades, ha ilustrado sobre los avances en la denominada violencia doméstica -nuevo formulario para la prevención, seguimiento penitenciario y endurecimiento de las medidas penales como la orden de alejamiento y la prohibición de las comunicaciones-, y la protección de personas con discapacidad -nombramiento de delegados autonómicos y nuevas publicaciones-.
Aunque pronto ha terminado ese compromiso con el orden del día. La Comisión ha derivado en un análisis de la lucha contra la corrupción y un debate en torno a la llamada politización de la Justicia.
Politización de la Justicia
Carlos Lesmes ha enfocado buena parte de su primera intervención en defender las medidas que ha impulsado desde la presidencia del CGPJ para reforzar la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, una unidad especial de jueces a la que pueden acudir los instructores de los macrocasos que necesiten ayuda en la investigación.
En este punto, ha presumido también del desarrollo del Código Ético de la carrera judicial, al tiempo que ha defendido el nivel teórico y moral de la plantilla judicial en España: "Nuestros jueces y magistrados actúan con plena integridad y es firme su compromiso en la lucha contra la corrupción, actuando además con plena independencia e imparcialidad. Es más, lo que querría es que este convencimiento también lo tuvieran los ciudadanos", ha sostenido Lesmes.
Primero ha encontrado réplica en el magistrado portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo Moreno. Sin embargo, la mayor acometida la ha emprendido Victoria Rosell, la juez en excedencia enrolada en las listas de Podemos a la que el Tribunal Supremo investiga porque, al parecer, obstaculizó desde su juzgado de Las Palmas un proceso judicial contra un empresario que hacía negocios con su marido.
Rosal comenzaba con un alegato a favor de la Jurisdicción: "En nombre de mi grupo, quiero manifestar nuestro respeto y también queríamos decirle que en el Poder Judicial se residencia en estos tiempos nuestra esperanza de lograr un país mejor para la gente. El Poder Judicial debería ser siempre pero más en tiempo de crisis el ultimo refugio de los derechos de la ciudadanía".
Pero pronto ha apuntado directamente contra las leyes que regulan los nombramientos y la promoción de la magistratura: "En un sistema democrático basado en los derechos fundamentales y la separación de poderes, el Poder Judicial está llamado a controlar los excesos del Gobierno y la Administración. Pero no puede haber un control del Gobierno por el Poder Judicial cuyos más altos cargos están nombrados por un órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, a su vez gobernado por cuotas de poder de los partidos políticos mayoritarios".
En la contraréplica, Lesmes ha reconocido que el tema de los nombramientos ha suscitado debate a lo largo de toda la historia del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, desde su punto de vista sí existe independencia y esta labor se ha desarrollado siempre con integridad. Como Libertad Digital ha denunciado en varias ocasiones, la mayoría de las asociaciones de jueces y magistrados han alzado la voz contra lo que considera una injusticia impropia de un régimen democrático en el seno del órgano de autogobierno de la magistratura.