Que el Tribunal Supremo te procese por integración en organización terrorista no es suficiente para que un senador de Bildu dimita. Iñaki Goioaga ha constatado este planteamiento a la salida de su declaración indagatoria en el Tribunal Supremo, es decir, la citación por la que se comunican al acusado los hechos presuntamente delictivos. La Justicia le considera indiciariamente culpable de mantener a los presos de ETA bajo la disciplina ideológica de la banda a través de visitas a las cárceles en las que repartía consignas y recopilaba inquietudes.
El miembro de la coalición independentista vasca ha manifestado su disconformidad con las imputaciones del magistrado Miguel Colmenero. Alega que su labor con los presos etarras se limitaba a la propia de un abogado y que en 2012, momento por el que le acusan, la banda terrorista ya no practicaba la lucha armada. Así lo ha explicado su letrada, Ione Goiricelaia, a las puertas del Alto Tribunal al término de la declaración indagatoria del senador, que apenas ha durado cinco minutos. También han estado presentes el fiscal del Supremo y Antonio Guerrero, letrado de la acusación popular en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Goioaga no ha aportado novedades a su versión. Simplemente se ha remitido a la declaración que prestó en su día "donde dio todo tipo de explicaciones sobre su actividad profesional". Su abogada ha añadido en relación al auto de procesamiento que "no deja de ser nada más que su actividad profesional y evidentemente esa actividad como letrado de personas acusadas o condenadas por su relación con ETA no deja de ser legítima, legal y carece de todo reproche penal". Según el abogado de la AVT, Goioaga únicamente ha contestado a una pregunta del fiscal. Lo ha hecho para aclarar que su relación con ETA era meramente jurídica.
No tiene previsto dimitir
"Ya se verá" lo que acontece con el asiento de Goioaga en el senado. Es el único enunciado que ha pronunciado el representante de Bildu. Su abogada Goiricelaia ha añadido que este procesamiento por integración en ETA "no condiciona en absoluto el posible mantenimiento del escaño". Por el delito que se le atribuye, el Código Penal castigaba en el momento en el el que se produjeron los hechos investigados con la pena de prisión de seis a doce años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El magistrado Colmenero, instructor de la causa especial abierta a Goioaga, acordó dejar en libertad provisional al senador sin fianza pero con obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado más próximo a su domicilio, y le requisó el pasaporte. Se le ha impuesto además una fianza de 6.000 euros "para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle".
Conclusiones contra el "frente de cárceles"
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, concluyó el pasado 22 de abril contra los miembros del denominado "frente de cárceles" de ETA. Acordó el procesamiento por pertenencia o colaboración con organización terrorista de 47 acusados de integrar presuntamente ese colectivo, entre ellos el propio Goioaga, cuya investigación ha trasladado al Tribunal Supremo por su condición de aforado. Según el magistrado, los condenados habrían mantenido el contacto con la banda gracias al apoyo del colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat.
Ese "frente de cárceles" tenía un grupo dedicado a "dirigir y dar directrices generales al conjunto garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad" a la banda. Sus miembros son "plenamente conocedores de su dependencia de ETA y de que su actividad contribuye a los fines" de la misma, explica Velasco. Entre sus presuntos integrantes se encuentran también Arantza Zulueta, Jon Enparantza y otros seis procesados por pertenencia a organización terrorista.
Además, según el magistrado, existía otro núcleo encargado de la transmisión de las necesidades económicas entre las organizaciones que conformaban el entramado y los jefes de ETA. La labor jurídica la prestaría el "Colectivo de Abogados-BL", un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, de la que se deriva adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias. También de recopilar información sobre los reclusos que posteriormente remiten a la banda terrorista.