El análisis del ADN de las cacas de los perros es el nuevo ejemplo de lo que podría ser un nuevo hilo de la gran tela de araña relacionada con el PSOE que se sigue tejiendo en Andalucía y otras partes de España. Hay un grupo de empresarios -con los que se entremezclan políticos socialistas, en este caso el exministro socialista de Salud, Bernat Soria Escom-, que pretenden ofrecer un servicio de laboratorio. Pero, en lugar de ser voluntario y optativo ya que la ley no obliga a ello, se convierte en forzoso y obligatorio gracias, inicialmente, a los gobiernos municipales que lanzan ordenanzas obligatorias y conminatorias bajo penas de multas y sanciones diversas.
Nos centraremos en el caso de Lebrija si bien la campaña por la sustitución del tradicional chip por el ADN canino es ya un hecho en muchas ciudades españolas. Es la ciudad sevillana donde más se ha visto el entramado del caso del ADN canino como obligación forzosa para todo vecino que tenga un perro, por ahora, y ya veremos de que más animales en el futuro.
El razonamiento, en principio, es simple. Un vecino tiene un perro que ensucia las calles, la mayoría de las veces de manera anónima e impune. Su limpieza cuesta dinero a la ciudad. Se justifica pues una sanción a quien no controle las defecaciones de su mascota.
Pero a pesar de que ya hay un chip legal según la Junta de Andalucía, para la identificación de los canes y sus dueños, se pretende instaurar un nuevo método más moderno: la identificación por el ADN canino que permite saber de qué perro, y quién es su dueño, es la caca callejera.
Todo discutible, pero nada anormal. Sin embargo, el ayuntamiento de Lebrija, en manos del PSOE, instrumentó en agosto de 2015 una ordenanza municipal que obligaba a todos los propietarios de perros a que sometieran a sus mascotas al test de ADN canino al menos en los dos centros veterinarios de la ciudad.
La reacción de los lebrijanos
El caso salió a la luz tras las protestas llevadas a cabo en Lebrija. En la localidad sevillana se han movilizado más de 4.000 personas en contra de una ordenanza impuesta por la alcaldesa de Lebrija y nueva Senadora por el PSOE, María José Fernández, implicada además en el fraude de las subvenciones no justificadas en el caso de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y acusada por los dos principales imputados.
Los propietarios de las mascotas, que se han unido en la Plataforma "El Chip ya es su DNI" batallan para que sólo se aplique la Ley de Protección de los Animales, que legisla la identificación y registro de animales de compañía imponiendo la obligatoriedad de "chiparlos" como único método de registro e identificación de los mismos, sin existir mayores exigencias.
La Plataforma tiene dudas acerca de quién costeará el análisis de las heces pertenecientes a perros que ni siquiera portan el chip obligatorio y alertan del alto número de abandonos producidos en la localidad a raiz de la aplicación de la ordenanza desde el 1 de enero de 2016.
Sin embargo, llama la atención en la ordenanza municipal la arbitrariedad de las sanciones: Por no recoger la caca del suelo, 75 euros, pero no llevar bien visible la chapita identificativa que proporciona la empresa que identifica el ADN, 1.000 euros.
Posteriormente, el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, además de lamentar que la ordenanza no suponía ningún beneficio para el bienestar animal, expresaba varias dudas jurídicas porque para que los hechos denunciados gozasen de la necesaria presunción de veracidad, "habrán de estar ejecutados o al menos tutelados por personal revestido de autoridad. Este caso requiere de la participación de personal funcionario o estatutario que ostente la condición de autoridad en todo el proceso" y advierte sobre la fijación de los honorarios establecidos para los veterinarios que intervienen en la identificación requiere de análisis legal "ya que tal imposición podría ser considerada con una práctica restrictiva de la libre competencia".
Presos "políticos"
Otro de los aspectos sorprendentes es el coste que tiene el proceso. De un total de 26,09 euros que cuesta la detección del ADN canino para los lebrijanos, el desglose arroja que el análisis de la caca tiene un coste de 11,35 euros, antes de impuestos, pese a que en otros laboratorios que realizan los mismos menesteres los precios varían entre 50 euros y los 30 euros de mínimo.
Más extraño aún es que el Ayuntamiento tenga que abonar las muestras que den negativo por no estar el perro censado y que el propio Ayuntamiento de Lebrija tenga que dedicar recursos públicos para esta cuestión, con una plantilla de la Policía Local en pleno conflicto.
Inexplicablemente, la oposición a la Alcaldesa de Lebrija votó positivamente por unanimidad esta Ordenanza si bien ante la presión ciudadana han reconocido el error de aprobarla.
Lo que hay detrás del ADN canino
Naturalmente, las pruebas de ADN las tiene que efectuar una empresa, un laboratorio externo, ADN perros , dice el Ayuntamiento en sus textos oficiales, por un precio de 26 euros por can. El análisis de las cacas se cobrará aparte.
Curioso fue que la noticia de la nueva obligación de los lebrijanos fuese celebrada en la página web ADN perros que es la proyección en la red del laboratorio andaluz NBT (Newbiothecnic, SA), que se presenta a sí mismo como un referente europeo para la identificación por ADN. Es más, se propaga como "único laboratorio europeo acreditado oficialmente para la identificación canina por ADN de sangre, hisopo y heces".
¿Y qué es Newbiotechnic, SA. Pues es el nombre societario de un laboratorio de biotecnología que dice estar a la vanguardia en cuanto a gestión de libros genealógicos siendo el laboratorio de referencia para asociaciones de gran calado tanto en el mundo canino como en el equino.
¿Y quiénes son los que componen el accionariado del laboratorio? Pues un amplio abanico de personas y entidades bastantes de ellas relacionadas con el PSOE andaluz.
Pero a nivel de directivos del Consejo de Administración de NEWBIOTHECNIC, SA, aparecen los siguientes consejeros:
Naturalmente, el más llamativo es el nombre del ex ministro de Salud del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Bernat Soria Escom, que aparece en Andalucell, SL.
Junto a él aparecen Javier María de León Pérez y José Antonio Mateos Fernández. Este último ya trabajó en la misma entidad que Bernat Soria en la Junta de Andalucía, Cabimer, en calidad de Gerente. Andalucell, SL es la empresa que está detrás de muchas otras interpuestas.
En M2M Marketplace SL encontramos a Pablo Adanero González, cuya empresa Dinamic Area se relaciona con la red Innova 24H promovida por la Junta de Andalucía, Félix Jiménez Navarro y a Ismael Santiago Moreno, vinculado a la que fuera la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía.
Pero en las demás sociedades relacionadas con Newbiotechnic, SA, ya mencionadas más arriba, y a vuela pluma, aparecen la Corporación Empresarial Cajasol, ya desaparecida pero vinculada mayoritariamente al PSOE andaluz; el grupo Morera y Vallejo, propietario de El Correo de Andalucía, el tradicional diario socialista de Sevilla desde su compra por el PSOE hace años; José María Sayago Lozano, uno de los imputados socialistas en el caso ERE en la pieza vinculada con la Sierra Norte de Sevilla. De ser concejal de El Pedroso pasó a ser un empresario muy adinerado en compañía de José Enrique Rosendo, que era el hijo del alcalde socialista de la localidad.
Bernat Soria y la Junta
La Junta de Andalucía en sus alegaciones para justificar sus nombramientos afirmó que todos los puestos se sometían a los principios de mérito, publicidad y concurrencia, salvo dos. Precisamente, los referidos a Bernat Soria y su esposa, Verónica Juan Quilis. Y lo justificaba de este modo:
"Todos los directivos contratados en dicho periodo fueron contratados mediante procedimientos que garantizan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad... Las únicas excepciones son las siguientes:
- Directora Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (BVSSPA) (2008), cargo de la esposa de Bernat Soria.
- Director Científico de CABIMER, cargo de Bernat Soria.
En el primer caso, la Junta dijo que en realidad no era un contrato sino se trataba de una contratación sino de una subrogación de contrato heredado de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En el segundo caso, reconoce abiertamente que fue seleccionado sin mediar concurso.
Bernat Soria dirigió el Centro Cabimer antes de que Zapatero lo nombrara ministro. Tras su cese, fue requerido de nuevo por la propia Consejería de Salud en el Centro Andaluz de Biología Molecular de Sevilla.