Ciudadanos niega tajantemente desviación de fondos desde sus grupos municipales

Ciudadanos lo niega todo: no desvía fondos de sus grupos municipales para gastos electorales, financia sus campañas con menos dinero que el que le corresponde en concepto de subvención por resultados y, además, les pide a sus responsables municipales que ahorren el 30% de lo recibido. Es la versión que ofrecen los responsables del partido de Albert Rivera ante las acusaciones recibidas en los últimos días, concretadas en una demanda de exdirigentes críticos ante la Fiscalía Anticorrupción, que aún no se ha pronunciado, y que el vicesecretario general, José Manuel Villegas, ha calificado reiteradamente de "infundada".

La maraña legal que envuelve la financiación de los partidos en España, pese a la seguridad con la que se desenvuelven en la materia algunos opinadores, es de todo menos sencilla. Baste decir que ni siquiera está claro, como se ha dicho estos días, que los grupos municipales deban tener un Código de Identificación Fiscal (CIF) propio y no del partido político. O que no queda establecido con nitidez, por ejemplo, si el dinero público que reciben los grupos en las distintas asambleas autonómicas puede utilizarse también para gastos del partido a nivel orgánico (algo que, por ejemplo, contempla la subvención que recibe cada grupo parlamentario en el Congreso). Ante todas esas dudas, Ciudadanos encargó un informe jurídico a un despacho de abogados. Lo cierto es que los criterios no están unificados ni siquiera para el periodo de liquidación de gastos, que en algunos ayuntamientos es al final de cada ejercicio económico y en otros al final de la legislatura.

La fotocopiadora de Lorca

Lo que sí es una prohibición taxativa de la Ley es que los grupos municipales adquieran bienes inmovilizados con el dinero recibido de la asignación institucional. Algo que, curiosamente, habría incumplido, y según confesión propia, el portavoz de Ciudadanos en la localidad murciana de Lorca, Antonio Meca, uno de los que ha acusado a la cúpula de la formación naranja de quedarse con parte del dinero de su grupo. Meca, en declaraciones a La Verdad, afirmaba: "El Ayuntamiento de Lorca ingresa el dinero destinado al grupo de Ciudadanos en una cuenta del Banco Popular de Madrid. Ingresamos mensualmente en esa cuenta 961,35 euros. Y el partido nos ingresa en otra cuenta del mismo banco 672 euros. Con esa cantidad pagamos las facturas de las necesidades que tiene el grupo. Por ejemplo, recientemente hemos adquirido una fotocopiadora y una máquina de fotos".

Ambas adquisiciones están prohibidas taxativamente por Ley. La dirección de Ciudadanos niega además que sea el partido el que ingrese el dinero, pues asegura que cada grupo tiene dos cuentas bancarias, una de gastos y una segunda de ingresos, en la que figuran como apoderados tanto Villegas como el secretario de finanzas, Carlos Cuadrado, pero de la que son titulares cada agrupación municipal.

En cuanto a la acusación de que el partido "se queda" un tercio de las ayudas de los grupos parlamentarios o municipales, la cúpula de Rivera afirma que no es cierto, primero porque, como queda explicado, la cuenta pertenece a cada grupo local y, segundo, porque las cuentas "están bloqueadas" para que el dinero no se pueda transferir.

La dirección asegura que con sus declaraciones, el concejal se refiere a la recomendación de ahorrar, con carácter general, aproximadamente un tercio del dinero que reciben. Además de imprevistos, como en cualquier organización, al término de la legislatura muchos grupos se encuentran en la tesitura de tener que despedir a alguno de sus empleados, especialmente si se ha perdido representación, y muchas veces se carece de fondos para afrontar las indemnizaciones pertinentes.

Las cuentas de las campañas

En cuanto a las subvenciones por resultado electoral, que en España sólo reciben quienes obtienen representación y lo hacen por cada escaño o concejalía y por cada voto recibido, Ciudadanos sólo admite una pequeña desviación sobre lo presupuestado en las elecciones catalanas de septiembre de 2015. En el resto, los gastos electorales se han financiado con menos de la subvención total, por lo que el dinero sobrante ha sido devuelto al erario público. En Madrid, por ejemplo, la campaña que llevó a Ignacio Aguado a presidir un grupo de diecisiete diputados en la Asamblea de Vallecas costó poco más de 400.000 euros, cuando la subvención que le correspondía por sus diecisiete parlamentarios y sus más de 300.000 votos era de casi el doble.

Donde el partido naranja sí admite irregularidades es en la Asamblea de Murcia, que le han costado el puesto al delegado regional, al que junto a otro diputado autonómico se le ha abierto expediente disciplinario. También en el Ayuntamiento de Logroño, donde según anunciaba la alcaldesa Cuca Gamarra este mismo martes, se ha abierto una investigación por la contratación de la concejal de Ciudadanos María Luisa Alonso, un hecho que contraviene la Ley de Bases de Régimen Local. Cuestiones ambas sobre las que el partido ha abierto una investigación.