La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido penas de entre 7 y 19 años de cárcel para los abogados que actuaban como enlace entre la dirección de ETA y el colectivo de presos a través de Halboka. Su "máxima responsable" era la letrada Arantza Zulueta, que ejercía el control de los presidiarios, participó en el cobro del impuesto revolucionario y en las informaciones sobre varios objetivos, entre ellos la Audiencia Nacional.
El fiscal José Perals solicita la pena más alta para Zulueta por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos, por los que pide que sea condenada a 19 años de prisión y 28 de inhabilitación. Considera también dirigente de organización terrorista al abogado Jon Enparantza, para quien pide 12 años de cárcel y 14 de inhabilitación especial para desempeñar un cargo o empleo público.
El Ministerio Público acusa también de integración en organización terrorista a Naia Zuriarrain (11 años de prisión), Iker Sarriegui (10 años) y Julen Celarain (11 años); mientras que atribuye colaboración con grupo terrorista a José Domingo Aizpurua (9 años), Saioa Aguirre (7 años), Juan María Jáuregui (otros siete) y Nerea Redondo (siete años).
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal José Perals relata que el autodenominado frente de cárceles tenía como objetivo mantener el control sobre la "homogeneidad de pensamiento y acción" en las prisiones como forma de garantizar la "cohesión" de la banda y presionar a España y Francia.
Controlar al colectivo de presos
Dentro de Halboka, se hallaba el llamado frente jurídico, integrado por abogados que transmitían órdenes de los cabecillas de ETA a los presos y tenían como finalidad "controlar" a este colectivo para que se mantuviera "fiel" a la banda.
En sus visitas a los presos y al margen de su defensa jurídica, los letrados conocían el sentir de los internos y se lo hacían llegar a los jefes de ETA. En las conocidas como rondas, recibían también cartas escritas a mano por los presos, que "transcribían" y gestionaban las denominadas atxas (cantadas) o autocríticas con los posibles fallos y las manifestaciones de estos en las declaraciones policiales.
Estos abogados, que recibían un "sueldo", aprovechaban su condición para recopilar información sobre objetivos y auxiliar en la recaudación del impuesto revolucionario. En los registros de los despachos de Zulueta, Enparantza y Sarriegui y el domicilio de Jáuregui se localizaron 120.000 documentos, muchos de ellos en archivos informáticos encriptados, y más de 60.000 euros.
El Rey y la AN, entre sus objetivos
El fiscal considera a Arantza Zulueta, alias 'Marxel' y 'Bixer', como la "máxima responsable" del frente jurídico, donde tenía desde 2006 una "comunicación permanente" con los jefes de ETA. Además, participó en el cobro del impuesto revolucionario, en la fijación de los objetivos y ayudó a etarras a eludir la acción de la Justicia.
En octubre de 2006, los jefes de ETA le pidieron redactar un informe sobre la seguridad de la la Audiencia Nacional y los despachos de los juzgados para colocar un artefacto explosivo en la sede.
También se le incautaron documentos informáticos con informaciones relativas al rey Juan Carlos, su yate Fortuna, un escolta relacionado con la exdirigente del PP María San Gil, vehículos con servicios de protección y tres zulos del sur de Francia que guardaban armas y explosivos.
El Ministerio Público añade que Zulueta propuso dar "charlas" a implicados en acciones de kale borroka por si fueran detenidos, comunicó a los cabecillas sus sospechas de que un arrestado podía ser colaborador de la Policía y fue encomendada para crear una suerte de "servicio de inteligencia" denominado Amarauna (Tela de Araña) para conseguir "tener ojos y orejas en todos los pueblos".
En cuanto a Jon Enparantza, señala que este comunicaba a los jefes de ETA objetivos como el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón, cargos políticos o miembros del poder judicial, mientras que proponía poner "bombas masivas" en el País Vasco para aumentar la efectividad de la actividad.