El enrevesado laberinto del caso ERE se hace cada vez más complejo. La juez que instruye una parte de la trama, María Núñez Bolaños, ha abierto otra pieza separada a incorporar a las seis que permanecían en proceso. En esta nueva vertiente, se investigan los 34 millones de euros en ayudas concedidos al entramado empresarial de la Sierra Norte de Sevilla, vinculado a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo, fallecido en enero, y José María Sayago.
La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha incluido como "penalmente responsables" a un total de 15 personas, entre las que figuran los exconsejeros andaluces de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. También a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; al presunto conseguidor de los ERE, Juan Lanzas; y a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
Por último, Bolaños dirige esta pieza separada contra el propio José María Sayago; el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo; la exsecretaria de Guerrero, María Ángeles Gala; la exasesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa, o el ex director general de Finanzas del antiguo IFA, Pablo Millán.
Prevaricación y malversación
Recoge la principal hipótesis que los exconcejales Rosendo y Sayago habrían constituido compañías con el único fin de captar dinero público. La juez habla de un numeroso grupo de empresas "estrechamente interrelacionadas entre sí, en el que muchas de ellas carecían de actividad y trabajadores, siendo su objeto real la percepción de ayudas de la Junta de Andalucía y el trasvase de sus fondos a otras sociedades".
Las personas que dispusieron este engranaje podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según el auto de apertura de la pieza separada, la presunta trama actuó en connivencia con responsables de la Junta de Andalucía, que le habrían concedido las múltiples subvenciones en cantidades acordadas para que no sobrepasaran "los límites competenciales de la Consejería de Empleo y en su caso del Consejo Rector de IFA/IDEA".
Contratos a familiares
Núñez Bolaños ha detallado las subvenciones bajo el punto de mira. Llama la atención un desvío de 2,6 millones de euros a favor de la empresa Marco de Estudios y Proyección Siglo XXI: "De los escasos trabajadores que tuvo esta empresa, uno o dos al mismo tiempo, estuvo empleada la hija del consejero de Empleo, Sonia Viera, llegando a cobrar en un año 48.189,45 euros como supuesta responsable de comunicación del grupo". En la misma empresa "estuvo contratado Jesús Caballos, hijo del presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, como director de marketing cobró 34.892,49 euros".
Estas situaciones conducen a la juez de instrucción a investigar a "todos aquellos que de forma activa y consciente participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas".
Las piezas de los ERE
La actual distribución del caso de los ERE, que apunta directamente a la Junta de Andalucía, eleva la causa originaria del entramado como la pieza principal. Esta matriz se desgaja en otras seis piezas, ahora siete, de tramitación preferente a fin de ser enjuiciadas con la mayor celeridad posible.
La primera pieza atañe al denominado procedimiento específico, la participación activa y consciente en su diseño y puesta en marcha. Dicho procedimiento se refiere al sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración. De esta forma, las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo del reparto de subvenciones respondiendo a criterios diferentes de los establecidos en los presupuestos.
La segunda pieza, la de las sobrecomisiones, se centrará en los hechos relativos a la determinación de la prima de la póliza pagada por la Junta y el porcentaje de comisión ilícita, bien de forma directa o bien indirecta, y el reparto presuntamente ilegal de este sobrepago.
La tercera pieza versa sobre las ayudas concedidas al grupo empresarial vinculado a José Enrique Rosendo y José María Sayago. El entramado englobaba un numeroso grupo de compañías estrechamente interrelacionadas. Muchas carecían de actividad y trabajadores, siendo su papel real la percepción de ayudas de la Junta y el trasvase de sus fondos a otras sociedades. Registraban un elevado número de empresas para que el grupo controlado por los dos imputados percibiera múltiples subvenciones gracias a sus contactos en la Junta de Andalucía.
La cuarta pieza apunta a la suscripción de pólizas de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Club Atlético Osasuna y del Atlético de Madrid, como trabajador de la empresa investigada Cenforpre. El alta de estos pagarés se efectuó por mediación de su jefe en la citada compañía y percibió por ello casi medio millón de euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008.
La quinta pieza se refiere a las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía para trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de empleo concedidas a Surcolor y Surcolor Óptica.
Por último, la sexta pieza se enfoca a la ayuda sociolaboral a la empresa Acyco Sal por el ERE de 2003, punto en el que la juez Núñez Bolaños remarca que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "tendría conocimiento directo" de las ayudas individuales para los trabajadores de los consejos de dirección.