José de la Mata quiere impulsar la causa por la que Pedro Gómez de la Serna quedó excluido del Partido Popular. El juez de la Audiencia Nacional ha citado a declarar al conjunto de los investigados, salvo al parlamentario ahora en el Grupo Mixto, refugiado en su condición de aforado. Entre los imputados que desfilarán por dependencias judiciales se encuentra la otra pieza clave de la trama, Gustavo de Arístegui, exembajador de España en la India. El magistrado sitúa en el punto de mira el supuesto cobro de hasta 250 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas nacionales consiguieran contratos en el extranjero.
Ordena diligencias concretas. Por ejemplo, el magistrado ha ampliado de quince a veinte los investigados/imputados en este procedimiento, entre quienes figuran once personas físicas y nueve personas jurídicas. Todos están llamados entre el 28 de abril y el 10 de mayo. En relación al caso particular de Gómez de la Serna, de la Mata hace constar su condición de aforado y le da la oportunidad de ejercitar los derechos que le confiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que manifieste si desea declarar voluntariamente comparecer voluntariamente el mismo 10 de mayo.
De la misma forma que Rita Barberá en la vertiente del blanqueo de capitales en Valencia, el magistrado de la Audiencia Nacional recuerda al parlamentario que tiene el derecho de asumir la condición de parte para conocer las actuaciones, proponer pruebas, designar abogado y mantener contacto con la Fiscalía. Sería el paso previo a que, si de la Mata lo considerara oportuno, elevara su causa al Tribunal Supremo.
Presuntos implicados
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, admitió a trámite el pasado enero una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Gómez de la Serna, el diplomático Gustavo de Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. La querella se dirigía también contra José Faya López, Germán Junquera Palomares, Ramón López Lax, Borja de Arístegui, Cristóbal Tomé y José Félix González Noriega.
Además, la querella se admitió contra seis personas jurídicas vinculadas con los anteriores. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL. Se procedió al registro de las sociedades y los domicilios de los investigados para recoger pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados.
En el auto que el magistrado ha hecho público este viernes, amplía la investigación a a Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendosa, como administradores solidarios vinculados a una sociedad instrumental. También a José Luis Tomé Becerra, hermano del querellado Cristóbal Tomé Becerra, en relación con la obra del Tranvía de Ouargla que se adjudicó por 230.000 euros a Elecnor, Assignia y Rover Alcisa, constituidas en UTE.
Claves de la investigación
Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, de la Mata señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía resultarían posibles pagos realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos. Serían en concreto los de La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta a cambio de 250 millones de euros y el Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
En relación con el delito de cohecho, la resolución afirma que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Pedro Gómez de la Serna y a Gustavo de Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.
El magistrado menciona un tercer delito, de blanqueo de capitales, que se habría cometido como conexo a los anteriores mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital "que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero". Ese sería el caso de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, "tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".
En relación con el delito de organización o grupo criminal, José de la Mata asegura que existen indicios de que las mercantiles y sus propietarios, junto con funcionarios extranjeros y otras personas "se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
Según el juez, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".
Nueva vertiente en Argelia
José de la Mata ha ampliado la causa después de que la Fiscalía haya ampliado su querella por supuestos pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato de obra para instalar una estación desaladora en Souk tleta y una obra del tranvía en Ourgla por la empresa International de Desarrollo Energético del grupo Elecnor. Según explica, Elecnor abonó a la sociedad holandesa Castelino BV al menos 1,64 millones de euros.
Además, el juez ha incluido en su investigación a José Luis Tomé Becerra, hermano del querellado Cristobal Tomé Becerra, en relación con la obra de tranvía de Ouargla por valor de 230 millones de euros, que fue adjudicada a Elecnor, Assignia y Rover Alcisa constituidas en UTE, "que habría asumido la posición de su hermano y cedido a la comisión del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services".