Aunque actúa habitualmente de común acuerdo con Susana Díaz, esta vez Juan Marín no ha podido resistir la presión de su directiva nacional, que sospecha de Pedro Sánchez, y de sus propias bases que clamaban contra el decreto que pretendía que los empleados de la administración paralela contratados arbitrariamente y sin pruebas pudiesen actuar como funcionarios en los Ayuntamientos andaluces y muy especialmente en planes de empleo. El plan estuvo oculto pero se tuvo que desvelar al añadirse una Disposición Adicional que incluía la "funcionarización" de trabajadores que entraron en la Junta sin cumplir los principios de mérito, capacidad, concurrencia competitiva y formación adecuada.
Desde 2011, el intento socialista no es otro que poder atribuir funciones públicas y autoridad públicas a los trabajadores que metió a dedo en la administración paralela y sus diversos entes. Los 35.000, según UGT, que la componían han ido poco a poco integrándose en la Junta de Andalucía a través de las Agencias, nuevos entes gigantescos a dónde han ido a parar los empleados contratados sin las exigencias administrativas que se aplican a los funcionarios y demás empleados públicos.
De momento, ya ha hecho a casi todos empleados de la Junta, pero ahora el intento es que puedan actuar como funcionarios y aplicarles tareas y funciones concretas, vaciando una vez mas de contenido el sentido de una Administraciòn profesional y al margen de los vaivenes partidistas, que fue lo que ha procurado consumar desde 1982 e incluso desde la fase preautonómica.
Ayer se pretendía convalidar un decreto inicialmente basado en una proposición no de ley de Ciudadanos, pretendía extender a todos los ayuntamientos andaluces —incluyendo a los que tienen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, o han despedido a su personal— el acceso a los fondos de nuevos planes de empleo Emple@Joven, Emple@30+ y la Iniciativa Emprende+ , programas que permiten la contratación de los desempleados en los ayuntamientos por un plazo máximo de seis meses.
Una disposición traicionera y tramposa
Pero, como recuerdan El Mundo, ABC y demás medios de comunicación, el Ejecutivo de Susana Díaz incluyó, sin consultar ni a los grupos políticos ni a los sindicatos, una disposición adicional en la que asignaba tareas administrativas al personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo, proveniente en su mayoría de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Faffe, cuya gestión en los cursos de formación está siendo investigada por los tribunales de justicia.
La disposición adicional fue calificada por el PP, Podemos e IU, más los sindicatos, especialmente el Sindicato Andaluz de Funcionarios como una "trampa" y una muestra de la "soberbia" del Ejecutivo andaluz. Incluso Ciudadanos acusó al Gobierno de "jugar sucio" al introducir esta cláusula en la intervención considerada más crítica y contundente contra el Gobierno de Susana Díaz pronunciada nunca desde las filas de Ciudadanos.
Tal vez convenga recordar las dudas que en Ciudadanos suscita el comportamiento de Pedro Sánchez. Juan Marín, recién llegado de Madrid, donde había estado reunido con los cuadros de su partido, aceptó el aumento de la presión que los diputados naranja están realizando en el seno de la comisión de investigación de los cursos de formación.
Miguel Ángel Torrico, diputado del PP habló de mangoneo socialista. José Antonio Castro, de IU, calificó el comportamiento socialista de "puñalada trapera".
Acusan a la Junta de usurpación de sus funciones
Hubo confluencia en los sindicatos de funcionarios ante esta pretensión de la Junta; los sindicatos SAF y Csif se han manifestado rotundamente en contra de que el personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo pueda tener potestades administrativas que, entienden, sólo corresponden a los funcionarios. Eso además del hecho de que el Ejecutivo introdujo esa disposición adicional después de que los sindicatos avalasen el texto a aprobar. O sea, que los engañó.
La indignación de los funcionarios está provocando una fractura en el Ejecutivo. En privado, hay miembros del Gabinete de Díaz que censuran la política que lleva al respecto la consejera de Hacienda María Jesús Montero, quien no termina de clarificar la situación de los funcionarios andaluces a los que se trata de usurpar as funciones para darles tareas concretas a miles de contratados por la Junta que deambulan por un limbo administrativo.