La refundación de Convergencia que pretende Artur Mas ha abierto un carrera entre aspirantes que agudiza el descontrol y la crisis. Jordi Turull, Germà Gordó y Josep Rull, actual número dos de la formación, ya han dado pasos para agarrar las riendas de un partido que está en quiebra técnica, ha vendido su sede central y tiene serios problemas judiciales por el denominado caso del tres por ciento. La retirada estratégica de Mas para poner orden en el seno de CDC sólo ha servido para desatar las pugnas internas, las reuniones secretas y las camarillas conspiratorias. No se cuestiona, por el momento, a Artur Mas, presidente de CDC, pero sus afanes para poner orden topan con las ambiciones de sus colaboradores más directos, habida cuenta de que le consideran amortizado.
Tres son los grupos que se disputan el poder en el seno del destartalado partido. El diputado Jordi Turull aspira a la secretaría general en el congreso previsto para el próximo 3 de junio. Entre sus valedores está el actual presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont (una figura ensombrecida por el empuje del republicano Oriol Junqueras) y Neus Munté, vicepresidenta también como Junqueras. Munté, procedente de la UGT, tiene un peso cada vez mayor en el seno de Convergencia, en tanto que portavoz del gobierno autonómico. Además, fue una de las opciones para presidir la Generalidad que se barajaron en la formación cuando Mas fue forzado por la CUP a dar un paso atrás. Rechazó el encargo pero no así su participación cada vez más activa en el ejecutivo y su creciente implicación en los asuntos del partido.
Ni Munté ni Puigdemont esconden sus preferencias por Turull, una figura gris, sin proyección pública ni apoyo entre la militancia. Se trata de un "burócrata" de perfil bajo, aunque comparte la presidencia del grupo parlamentario de Junts pel Sí con la republicana Marta Rovira, verdadera impulsora de la actividad parlamentaria en tanto que en la CUP rechazan negociar con Turull.
La opción Conesa
Josep Rull por su parte pretende que sea la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat, Mercé Conesa, quien se haga cargo en su nombre y bajo sus órdenes de la secretaría general de CDC. Rull, consejero regional de Territorio y Sostenibilidad es también uno de los más estrechos colaboradores de Mas y, al igual que Turull, un encendido defensor del "proceso" separatista, pero con mucho más predicamento entre la militancia que su rival, al que consideran "blandito" no tanto por sus convicciones como por su falta de determinación en las negociaciones que se llevaron a cabo con la CUP a finales del pasado año. Su imagen quedó muy mermada en el cara a cara con la diputada cupera Anna Gabriel, a pesar de ser ahora el preferido por la vicepresidenta Munté.
El tercero en discordia es el exconsejero de Justicia, Germà Gordó, que evitó la imputación en el caso del referéndum ilegal del 9-N aunque bajo su responsabilidad, a sus órdenes y en su departamento (que abarca las prisiones de Cataluña) se montaron las urnas y se confeccionaron las papeletas. Gordó, casado con Roser Bach, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, pretende retomar los fundamentos del viejo partido de Jordi Pujol y ocupar la centralidad de la política catalana. En su opinión, una "solución a la quebequesa" como la que propone el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y Podemos, sería aceptable. Entre sus partidarios se cuentan el actual consejero de Cultura, Santi Vila, representante del sector "moderado" de CDC así como los presidentes de las diputaciones de Lérida, Joan Rañé, y de Tarragona, Josep Poblet.
El tapado sin acento "Sanchez"
Gordó es el más popular entre las federaciones comarcales del partido, pese a que también mantiene un perfil bajo, y el menos apreciado por Artur Mas. Tampoco es el preferido de Francesc Sanchez, el actual hombre fuerte de CDC, encargado por Mas de las tareas más complicadas y a cargo del proceso de refundación convergente. Sanchez cobró cierta notoriedad al asumir la encomienda de Mas de advertir a Pujol que se le retiraban todos los cargos honoríficos y protocolarios en el partido que había fundado tras su confesión del 25 de julio de 2014. De hecho, Sanchez sería el tapado de Mas para ostentar la secretaría general en una fórmula de partido similar a la del PNV, en la que el presidente del partido, Mas, por supuesto, no sería el candidato electoral. El propio expresidente autonómico ya ha dejado claro que no se volverá a presentar a unas elecciones de "contexto autonómico" y que su intención es la de forjar un nuevo partido "soberanista" y no "independentista". El matiz estriba en que estaría dispuesto a volver a la casilla de salida de reclamar un referéndum pactado con el Estado, tal como sugiere Podemos.
También Gordó está en la línea del paso atrás para tomar impulso y recuperar el espacio electoral perdido en favor de ERC tras la deriva separatista. De esta manera, la refundación tras los casos de corrupción y la constante pérdida de apoyo electoral comicio tras comicio tendría como objetivo volver a las posiciones tradicionales de CDC tras un lustro de radicalismo, enfrentamientos con el Estado y movilizaciones callejeras. Mas quiere rebobinar, volver a la casilla de salida y recuperar el electorado "prestado" a ERC, cuyo líder, Oriol Junqueras, actúa como presidente de la Generalidad ante la falta de cuajo político de Puigdemont.
En estas condiciones se agranda la figura de Francesc Sanchez, funcionario de la Generalidad y responsable de régimen interno y comunicación del partido. Le avala, asegura Mas, que es máster en "Resolución de conflictos" y que a diferencia de los otros tres aspirantes no está tocado por ningún caso de corrupción ni desgastado por los años de presidencia de Mas y el procés.
En cuanto al apellido, "Sanchez" se presenta sin tilde, a diferencia de Jordi Sànchez, el cuestionado presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), una vía intermedia entre el independentismo recalcitrante y la acentuación del español en lo que supone, dicen sus partidarios, una "declaración de principios" que pretende aunar el catalanismo con la realidad social de Cataluña.
Entre tanto, la CUP agudiza su presión sobre Junts pel Sí para que se atreva a desobedecer al Tribunal Constitucional y aplicar íntegra la declaración parlamentaria del 9 de noviembre de 2015. A tal efecto ha convocado una manifestación para el próximo 7 de mayo. Y Junqueras reprocha a Mas y a CDC que pretendan dinamitar el entendimiento con los antisistema de cara a la aprobación de los presupuestos. El republicano es el verdadero president, quien se reúne con los ministros De Guindos y Montoro para pedir dinero y quien ante las trifulcas en CDC y la ANC se erige en mediador y figura "institucional".