El empresario alicantino, expresidente y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz Selfa, ha reconocido la acusación que la Fiscalía vertía sobre su participación en la trama Gürtel: financió de forma irregular la presunta caja B del Partido Popular de Francisco Camps en Valencia. Ortiz ha llegado a un pacto con el Ministerio Público para que, a cambio de reconocer el delito de falsedad que se le imputa e ingresar los 40.133 euros que se le requerían de responsabilidad civil, rebaje la petición de condena. En el escrito entregado ante la Audiencia Nacional, el patrono de la construcción ha planteado que se le aplique el atenuante de reconocimiento tardío de los hechos.
"Mostramos nuestra conformidad con los hechos descritos por las acusaciones, pública y popular" sostienen los abogados de Ortiz en el mencionado documento. A continuación, solicitan una rebaja en las pretensiones de la Fiscalía para que fije la petición de la pena para su cliente en un año y dos meses, sanción que no le conduciría a prisión al no tener antecedentes penales. Anticorrupción solicita una condena de cuatro años de cárcel por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil.
Ortiz abonó 348.115 euros al Partido Popular de la Comunidad Valenciana para que financiara la campaña de las elecciones generales de 2008. Así lo expone el dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, en el escrito en el que también admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas para dar apariencia legal a las transferencias de dinero. Los abogados del empresario envuelto en la trama Gürtel explican que "en los relativo al delito de falsedad de las cuentas electorales, le resulta aplicable el elemento individualizados de la pena regulado en el 65.3 del Código Penal, en tanto que nuestro defendido no concurre la condición o cualidad (ser administrador general de la candidatura del partido) exigida para el autor".
La Fiscalía detalla que la Gürtel emitió a favor de la sociedad de Ortiz seis facturas sospechosas entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2008. En orden cronológico, fijaban conceptos de "mus" por valor de 31.784 euros; "feria 2007" por valor de 84.100 euros; y "acuerda de colaboración" por 58.000 euros. Las dos últimas se referían a "trabajos primer semestre" de 20.752 euros y "trabajos primer trimestre" de 17.890. El número dos de la empresa constructora ha presentado otro documento en los mismos términos que el máximo mandatario del Hércules.
A pesar de que Enrique Ortiz se encuentra inmerso en varios procesos judiciales, solo ha acudido a juicio acusado de tenencia ilícita de armas en una pieza separada del caso Brugal que investiga una red de corrupción en Alicante. El empresario salió absuelto.
Financiación irregular
El desarrollo de la instrucción del caso Gürtel ha desembocado en una serie de conclusiones, dibujadas primero por Pablo Ruz y más tarde por su sucesor en el Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Según apuntan los indicios, el Partido Popular de Camps en la Comunidad Valenciana se financiaba en parte con dinero regular, llamado A o Alicante por los implicados en la presunta red; y en parte con dinero irregular, dinero B o Barcelona, que conformaba la famosa caja opaca "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial", en palabras del magistrado. Explica de la Mata que el PP en la región valenciana no se ajustó a los gastos máximos admitidos por la ley electoral, sino que los rebasó para aumentar su impacto.
El juez de la Mata ya ha enviado a juicio a veinte acusados en la rama valenciana de la trama Gürtel. Entre ellos, figuran el cabecilla de la red, Francisco Correa, su mano derecha, Pablo Crespo, y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes. Les acompañan cinco ex cargos del Partido Popular la comunidad: el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general de la formación en la Comunidad Ricardo Costa, el ex vicesecretario regional, David Serra, investigado también en la Operación Taula, y las ex gerentes Yolanda García y Cristina Ibáñez. La vista se encuentra pendiente de celebración, probablemente a finales de 2016.