La portavoz del Ejecutivo municipal, Rita Maestre, aseguró este jueves tras la rueda de prensa de la junta de Gobierno que el Ayuntamiento de Madrid no ha cometido ninguna irregularidad en el caso Matadero.
El pasado mes de febrero el ex ministro griego Yanis Varoufakis participó en unas jornadas organizadas por la plataforma Plan B para Europa. Más allá del contenido de dichas charlas, la polémica ha surgido un mes después, cuando se ha conocido que el consistorio decidió rebajar el precio del alquiler del Matadero -uno de los espacios donde se llevaron a cabo las conferencias- a sus organizadores hasta un 70%, por lo que en lugar de pagar 23.000 euros, sólo tendrían que abonar 6.900.
Y tal y como publicó Libertad Digital el martes, el impulsor de esta plataforma no es otro que el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán. Además, entre los firmantes del manifiesto de Plataforma B se encuentran varios concejales de Ahora Madrid, que participaron en las charlas y jornadas que se llevaron cabo los días 19, 20, y 21 del pasado mes de febrero.
Pero no sólo eso. En el contrato que firma Madrid Destino para la cesión del Matadero (situado en el distrito de Arganzuela), se puede ver que lo hace con una asociación, que aún no está inscrita en el registro de asociaciones, según el artículo 10 de la Ley de las Asociaciones, y que responde al nombre de: "Asociación Plan B para Europa". Una asociación que -denuncia la formación centrista- se crea ante el notario el 16 de febrero, sólo tres días antes de firmar el contrato con el Ayuntamiento.
Hay más. Según denuncia Ciudadanos, "además de rebajarles el 70% del precio, quedándose el pago en tan solo 6.900 euros, todavía ese pago no se ha efectuado, a pesar de que se tenía que haber abonado el día 18, tal y como se establece en el contrato de ese espacio público. Pero además, se tenían que haber abonado 3.000 euros de fianza, que a día de hoy no nos han acreditado que estén abonados, aunque según nos han dicho que están en ello".
Maestre, por su parte, reiteró que esto que se ha hecho con Plan B se ha realizado otras tantas veces con más asociaciones y eventos. "También las discusiones políticas tienen un interés social", manifestó la portavoz para justificar esa rebaja en el precio del alquiler. "No hay ninguna ilegalidad. Si lo creen, que acudan a los tribunales", dijo en referencia al partido liderado por Begoña Villacís. "Nosotros estamos muy tranquilos".
Fuentes de Ciudadanos, consultadas por este periódico, dicen que están aún estudiando la posibilidad de poner este asunto en manos de la Fiscalía. En todo caso, la decisión la tomarán a lo largo de la próxima semana.