No existe ningún caso de corrupción que mantenga implicados a tantos consejeros autonómicos como los ERE fraudulentos de Andalucía. Solo encuentra similitudes con las tramas que salpican a consejeros de grupos municipales pero, a nivel regional y en cuanto a cantidades de dinero público, no cabe comparación. Sirve como muestra el desfile registrado este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Tres de los grandes responsables políticos de las arcas de la Junta han acudido a dependencias judiciales para dar explicaciones en la pieza separada del procedimiento específico.
Son dos miembros del Gobierno de José Antonio Griñán: la exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila; y la mano derecha del expresidente Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Ninguna ha aportado novedades sobre el sistema de transferencias de financiación que logró desviar el dinero público del circuito habitual eludiendo los mecanismos de control por parte de la administración.
El juez de apoyo en el que la titular Núñez Bolaños ha delegado esta pieza había acordado las citaciones en pos de garantizar el derecho de defensa de los imputados. Los tres habían declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, una vez perdida la condición de aforados autonómicos, se les ha ofrecido la posibilidad de revisar su versión con la instrucción en una fase más avanzada. La respuesta compartida por todos: ratificar la postura defendida en primera instancia.
Les advirtieron de las irregularidades
Martínez Aguayo se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Quien fuera responsable de Economía y Hacienda en Andalucía ha insistido en los argumentos que respaldó en abril de 2015: en que no leyó los más de 100 informes al año de la Intervención General que alertaban de las irregularidades. Tampoco ha contestado a ninguna pregunta Antonio Ávila. Este segundo turno ha resultado incluso más breve que el primero, puesto que en apenas un cuarto de hora el exconsejero de Economía e Innovación ha abandonado el Juzgado sevillano.
El último en comparecer ante el juez ha sido Gaspar Zarrías, uno de los hombres fuertes del PSOE en Andalucía que, por ejemplo, ostentó la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial en Esapaña. En la Junta ha asumido siempre un papel protagonista: primero como Consejero de Industria, Comercio y Turismo, después como Consejero de Presidencia con José Rodríguez de la Borbolla, luego como vicepresidente primero de Manuel Chaves y, por último, en calidad de presidente y máximo mandatario. El abogado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, ya había adelantado en un escrito que su cliente se acogería a su derecho a no declarar tras la extensa comparecencia ante el Tribunal Supremo.
El letrado sostiene que la nueva citación de Zarrías forma parte "de un juicio paralelo con una finalidad claramente política". Ha pedido el archivo de la causa en relación a su cliente. Como ya hiciera hace dos días, Martínez-Fresneda ha criticado la llamada pena del paseíllo que ha supuesto esta nueva declaración. Entre otras cosas, porque Zarrías "ha tenido que soportar el zarandeo de la gente que había en la puerta" de los juzgados. Para el abogado no existe una "justificación procesal", es decir, la comparecencia "no tiene ningún sentido".
"Las partes ya habíamos manifestado nuestro deseo de que no se reprodujeran" estas declaraciones "porque consideramos que son inútiles", pero a pesar de ello el magistrado instructor los citó a declarar, "y a pesar de que al inicio de sus declaraciones todos ellos manifestaron que se acogían a su derecho constitucional a no declarar, los fiscales han insistido en dejar constancia de una serie de preguntas", ha expuesto Martínez-Fresneda.