El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados de la Junta, ha admitido la personación de la Junta en la causa pero en calidad de responsable civil subsidiaria.
Esto es, el juez encuentra entre los responsables civiles directos que resulten finalmente culpables y la Junta, una relación jurídica o de hecho según la cual los primeros realizaron una actividad, servicio, tarea bajo la supervisión (correcta o incorrecta) de la Junta. Esto es muy grave si se aplica a los demás macrocasos en juego, desde los ERE al caso de los avales, Invercaria o la formación y dará un giro a la Comisión de Investigación.
El Código Penal aclara perfectamente en qué consiste esta responsabilidad:
Artículo 126
1. Los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán por el orden siguiente:
1.º A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios.
2.º A la indemnización al Estado por el importe de los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa.
3.º A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago.
4.º A las demás costas procesales, incluso las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.
5.º A la multa.
La Intervención de Huelva, testimonio decisivo
El testimonio del interventor de la Junta en Hueva, Miguel Ángel García Bermúdez, en la Comisión de Investigación el pasado día 7 de marzo también ha sido decisivo. García Bermúdez consideró en su declaración que se había producido "relajación" en los mecanismos de control de las subvenciones con cargo a los fondos de formación de la Junta, lo que dio lugar a que se diera "menoscabo" de fondos públicos, algo que atribuyó al jefe de servicio, quien "tenía que decir al funcionario que así no" y "corregirle la desviación de su función", dijo.
Esta referencia provocó el enfrentamientos entre el jefe del servicio de Empleo y el Interventor. Consecuencia del mismo fueron algunas perlas declaradas por el jefe del servicio de empleo. De hecho llegó a decir que la única manera de que los expedientes no fueran analizados ni controlados de forma que hubieran prescrito, como temía el Interventor, es que hubieran desaparecido o alguien los hubiera hecho desaparecer, algo que resultó escandaloso para la propia Policía.
La decisión ha sido tomada por un atestado de la Policía en el que señala la existencia de indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
Varias detenciones
Hace veinte días fueron detenidos el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz; el secretario general de ese servicio, José Martínez Iglesias; el jefe del Servicio de Formación, José Ángel Gil Flores, y el jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María Velázquez.
A pesar de que estas personas aún no han prestado aún declaración en sede judicial, el juez cree, con fundamento en los interrogatorios policiales, que existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. La Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude, pero es la primerz vez que lo está en calidad de responsable civil subsidiaria.
Desde hace meses están declarando en sede judicial por esta causa alrededor de un centenar de investigados, todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo a petición de este juzgado. Entre ellos se encuentran el ex delegado de Empleo de la Junta, Eduardo Muñoz, y el ex alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, y están siendo también citados a declarar en los últimos meses unos 1.000 testigos.