La politización convierte la Justicia en un Juego de Tronos

El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de autogobierno de nuestra Magistratura. Un cuerpo único de Jueces y Magistrados que ostenta el monopolio de la potestad jurisdiccional por su independencia y sumisión a la ley. Lo recoge la Constitución Española y lo pormenoriza la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero la teoría no siempre se aplica a la práctica.

"La realidad supera la ficción", recoge el primer párrafo del artículo en el que la asociación Foro Judicial Independiente compara al CGPJ con la exitosa serie Juego de Tronos. Para los no aficionados a esta sangrienta trama, la historia está ambientada en un escenario medieval y desarrolla buena parte de la filosofía de Maquiavelo: "El príncipe debe cuidarse de no ser menospreciado y aborrecido. Es indispensable que al derramar sangre de algunos lo haga con justificación".

En los siete reinos de la serie corre la sangre y vuelan las cabezas; circulan rumores y los intereses ganan batallas. El cálculo deja poco espacio al azar. Para FJI, "las intrigas, degradaciones, usurpaciones, traiciones y guerras partidarias no han cesado en los 17 reinos que son nuestras Comunidades Autónomas y los virreinatos de todas sus provincias". El símil rebosa retórica, porque en nuestro Poder Judicial no hay muertes. Pero también realidad porque, visto lo visto, tampoco hay suma independencia ni sumisión a la ley.

Control férreo

El artículo de FJI, incluído en su revista, habla del "Trono de Hierro", de "la Mano del Rey", de "Señores", lugartenientes y nombramientos a dedo, a diestro y siniestro. Para entender los entresijos, conviene exponer en líneas generales el modelo de composición del Consejo General del Poder Judicial en España.

Conforme al artículo 122.3 de la Constitución, está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo -elegido por el resto de los miembros- y "por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados en los términos que establezca la Ley Orgánica, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de ⅗ en ambos casos entre Abogados y otros juristas, de reconocida competencia y más de 15 años en el ejercicio de su profesión". A efectos prácticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Congreso y el Senado eligen los veinte vocales del CGPJ.

La clase política nombra a los componentes del Consejo y estos integrantes proponen a los miembros del Tribunal Constitucional, los Presidentes y Magistrados del Tribunal Supremo, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, acuerdan revocaciones y jubilaciones. Por ende, la clase política controla el tronco y las ramificaciones de un Poder, sobre el papel independiente, como el Judicial.

El Trono de Hierro

Resulta bastante ilustrativa la comparación entre el CGPJ y Juego de Tronos. En un recorrido por la pieza, FJI sostiene la existencia de dos grandes familias, reflejos en las serie de las Casas Stark y Lannister. Son las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Según FJI, constituyen actualmente "la Mano del Rey, sustentando su Trono de Hierro a cambio de prebendas en forma de cargos". El trono de Carlos Lesmes, actual presidente del CGPJ y, por extensión, del Tribunal Supremo. Detenta vínculos en su pasado político con el Partido Popular, que le aupó a su actual puesto desde la APM.

Otras dos son ahora las asociaciones judiciales exiliadas. Una temporalmente, la progresista Jueces para la Democracia, "seguro que en próximas temporadas volverá a alcanzar el protagonismo que alternan", relata el artículo. De no ser así, sigue FJI, "sus capitanes seguirán desertando para pasarse a las filas de la política". La última de las asociaciones, la que firma este artículo, "está exiliada a la perpetuidad. Y por debajo de todas ellas, los parias, figurantes no asociados" que a lo único que aspiran es a recibir su salario "o ver cómo le degüellan la cabeza en sus cinco segundos de fama de cualquier periódico local".

El problema de este dedazo, según Foro Judicial Independiente, es que "los lugartenientes nombrados adolecen de los méritos exigidos en las convocatorias o carecen de menos que sus compañeros en liza". Presenta casos especialmente flagrantes, como maniobras para renovar cargos cuando se acerca "el invierno de las elecciones"; en argot, cubrirse las espaldas. FJI pone de manifiesto cómo los nombramientos para los Tribunales Superiores de Andalucía, Valencia o Cataluña se hacen depender de las decisiones en el caso de los ERE, la trama Gürtel o la red de los Pujol.

"La recusación de dos magistrados de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel-Madrid por presentar apariencia de parcialidad (Enrique López y Concepción Espejel, antiguos miembros del PP) al haber participado en este Juego de Tronos de los nombramientos. Es el más claro reflejo de que el sistema de elección de vocales judiciales en el Consejo del Reino de la Justicia no funciona y, por primera vez, se pone en relación con la actividad jurisdiccional. Ya no vale eso de que el CGPJ está politizado pero no lo actividad de los vasallos-jueces gobernados", cuenta el artículo de FJI.

Un poder absolutista

La comparación surge para acercar los problemas de la Justicia a la sociedad, tal y como narra el Consejo de redacción de FJI a Libertad Digital. Según sus miembros, la reforma de la LOPJ concedió al presidente del CGPJ, Carlos Lemes, "un poder absolutista a la antigua". Se dejan las decisiones de diario e importantes a la comisión permanente, compuesta por cinco de los veinte vocales del Consejo. "Con esa realidad, el legislador ha terminado con la propia naturaleza del Consejo, se pasa a una toma de decisiones de carácter unipersonal o centralizada en la comisión permanente. Esto ocurre tanto por la voluntad del legislador como por la propia personalidad o carácter de quien ocupa la presidencia del CGPJ".

Durante la última legislatura "se ha reflejado la mayoría parlamentaria", no tanto por las reformas legales como por los miembros del Consejo nombrados. Según FJI, "la intencionalidad política no se elimina con la mera existencia del CGPJ". Con el Consejo pervive "una política de pasillos, todo el mundo sabe que si quiere acceder a las presidencias de Audiencia Provincial o Tribunal Superior de Justicia, tiene que hablar con los correspondientes vocales, que son los que al final toman la decisión, para postularse en sus correspondientes candidaturas".

La mitad de la carrera judicial no está asociada porque, como reconocen desde FJI, las asociaciones no han defendido los intereses de los jueces y magistrados y la mejora del sistema. Foro Judicial Independiente "no tiene representación, ninguno de sus asociados, en ningún Tribunal Superior de Justicia". A esta afirmación le sucede una crítica contra la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que "permitió que ya no sean tanto las asociaciones las que condicionan el acceso al CGPJ como criterios que pueden ser mucho más cercanos a la amistad. Está claro que si una asociación tiene buen trato con un partido político, sus asociados parece que tienen mayor facilidad para acceder a los cargos".

Horizonte judicial

"La nueva temporada promete. El fin del equilibrio bipartidista de los Señores del PP y PSOE puede llegar a su fin. Nuevas familias de políticos amenazan con invadir el Reino de la Justicia y cambiar el gobierno de los jueces", reza FJI en su artículo. Sin embargo, el horizonte no invita al optimismo puesto que "ninguna confía la capacidad de elección de los vocales judiciales por y entre los jueces. En el reino de más sobrecarga judicial y menos mediación y arbitraje (claro signo de que pese a todo, la Justicia es de calidad), se nos confía la resolución de los conflictos ciudadanos, pero se nos niega la capacidad de elegir a los integrantes de nuestros órganos de gobierno".

Esa es precisamente la receta que propone la asociación que firma el artículo, un "sistema de elección de los vocales del CGPJ por y entre los jueces, que garantice la proporcionalidad de la carrera y la pluralidad".

El problema es que los debutantes en el Parlamento tampoco "toman la justicia como un problema, ni hablan de reformas como en sanidad o educación". Fue el PSOE quien diseñó este modelo y "el PP engañó con su programa electoral a sus votantes en las elecciones del año 2012. Llevaba la reforma pero hizo lo contrario. Podemos incluye en su programa electoral un sistema de elección populista que no nos convence y que creemos que lleva a una mayor politización. Y la propuesta estrella de Ciudadanos consiste en eliminar el CGPJ; como ya dijimos es muerto el perro se acabó la rabia. Creemos que ninguno de los cuatro tienen claro lo que quieren hacer con la justicia".