Los concejales valencianos investigados en el caso Imelsa no dejan el acta y Rita Barberá, de momento, no colabora con la Justicia. Los ediles salpicados por el pitufeo no tienen intención de someterse al Partido Popular, que remitió el pasado martes una carta pidiendo su acta. Solo tomarán una decisión supeditada al expediente informativo abierto por la dirección nacional del grupo. En relación a la exalcaldesa, continúan los pasos previos a la imputación, que por su condición de aforada nacional como senadora es competencia única del Tribunal Supremo.
En esta vertiente de la Operación Taula se investiga un presunto blanqueo de capitales. Con la modalidad conocida como ‘pitufeo’ o smurfing: los concejales de Valencia recibían sobres con 1.000 euros en negro y lavaban el dinero mediante transferencias al Partido Popular. Con esos fondos, al parecer procedentes de la corrupción política y empresarial, habrían sufragado la campaña para las elecciones municipales de mayo de 2015. Solo un día después de la imputación formal del PP, Rita Barberá negó los hechos.
Cuesta de enero: Valencia y Púnica
El horizonte judicial del PP está mucho más despejado en el segundo trimestre del año. Continuará el eco de Imelsa alrededor de Barberá, de su hombre de confianza ya imputado, Alfonso Grau, y de la formación política investigada en su condición de persona jurídica. Pero salvo sorpresas, nunca descartables visto el continuo goteo de nuevas tramas y con los múltiples frentes abiertos, el paso de las semanas de cara a unas posibles nuevas elecciones aliviaría el daño al grupo popular en materia de corrupción.
Hasta ahora en 2016 ha ocurrido exactamente lo contrario. Junto al caso Imelsa, la llamada Operación Frontino o caso Acuamed, un agujero por el que, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se habrían defraudado más de 50 millones de euros con el beneplácito de "altos cargos del Ministerio de Agricultura". Fuentes de la investigación señalan a Federico Ramos de Armas, quien fuera Secretario de Estado de Medio Ambiente actual y que tuvo que dimitir como subsecretario y número tres de Presidencia.
También ha empañado de enero a marzo el levantamiento de una parte del secreto de la Operación Púnica. La enorme extensión del sumario coloca en la cúspide de la trama a dos nombres propios: Francisco Granados y David Marjaliza. Tanto el ex secretario general del Partido Popular como su amigo y socio urdieron una trama de "corrupción municipal y regional infiltrada sobre todo en la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia", según Eloy Velasco. La investigación habla de 250 millones de euros en contratos amañados. El golpe en el Partido Popular de la región forzó la dimisión de Esperanza Aguirre.
Horizonte despejado
No será hasta octubre cuando comience el juicio por la Época I del caso Gürtel. El juez Pablo Ruz dictó en marzo de 2015 el auto de apertura de juicio oral contra Francisco Correa, que se enfrenta a 125 años y un mes, y otros 37 acusados, así como contra el PP y Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. La Fiscalía sostiene que la exministra, en concreto, se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el 50% de sus fiestas familiares, mientras que la 'Gürtel' habría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo.
También contra Luis Bárcenas, que se enfrenta a 42 y años medio. El extesorero del PP se encuentra inmerso en otros procesos como el del borrado de los ordenadores que utilizaba en la sede de Génova, que según él probaban la presunta contabilidad B de la formación. La juez Rosa María Freire investiga presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos. Ambos los habría cometido el PP, imputado en su condición de persona jurídica, a través de tres de sus miembros también investigados: la actual gerente y sucesora de Bárcenas en el cargo, Carmen Navarro; el asesor jurídico, Alberto Durán; y el responsable informático, José Manuel Moreno.
Ya a finales de año será el turno de las tarjetas black. Los 66 exdirectivos y consejeros de Bankia y Caja Madrid inmersos en el escándalo responderán ante la Justicia en la Audiencia Nacional. El juez Fernando Andreu dictó el auto de apertura de juicio oral que incluye las acusaciones a Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el resto de beneficiarios. Propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos, los querellados habrían incurrido en "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros, aunque la responsabilidad por dispendios entre 1999 y 2003 ha prescrito.