La Fiscalía Superior de Cataluña considera que Artur Mas desobedeció "intencionadamente" la resolución por la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta del 9N cinco días antes de su celebración en 2014. Con ese argumento, el Ministerio Público se ha opuesto al archivo de la causa que habían solicitado las defensas de los tres imputados en la parte de la causa que compete al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: además del expresidente de la Generalidad; la entonces vicepresidenta, Joana Ortega; y la exconsejera de Educación, Irene Rigau.
"Como presidente de la Generalitat a la sazón, intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió al mandato del Tribunal e incumplió su obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria", han sostenido en su escrito ante el TSJC los fiscales Francisco Bañeras y Emilio Sánchez Ulled. Ambos hacen hincapié en que Mas "desafió abierta y públicamente" al Alto Tribunal aún a sabiendas de que había suspendido el referéndum mediante el fallo dictado el 4 de noviembre de 2014.
Al no frenar la preparación del 9N, aprobó "la continuación de todas las actuaciones públicas que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para desarrollar" la consulta sobre la el proceso separatista, según la Fiscalía. El juez del TSJC , Joan Manel Abril, aprecia indicios de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ortega, Rigau y Homs
En relación a Joana Ortega, entiende el Ministerio Fiscal que coordinó la preparación y desarrollo de la consulta como "impulsora directa de las principales necesidades administrativas". La exvicepresidenta autonómica catalana habría garantizado la correcta ejecución de la votación y se habría encargado directamente de que los colegios dispusieran durante el 9 de noviembre de 6695 ordenadores portátiles a disposición de las mesas.
Por parte de Irene Rigau, la Fiscalía Superior de Cataluña explica que supuestamente se sirvió de los servicios territoriales de su Consejería de Enseñanza o Educación para garantizar que los directores de las escuelas "con mayor o menor convencimiento individual, abrieran los institutos".
En última instancia, alude también a Francesc Homs. Acusa a quien fuera consejero de Presidencia de legitimar a las empresas con las que contrataron los preparatorios del 9N para que continuaran prestando los servicios a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo asumió este lunes la investigación relativa al diputado nacional de Democracia y Libertad, por lo que será este organismo quien determine la implicación del portavoz separatista.
Ciudadanos voluntarios
El principal argumento defensivo de Mas, Ortega y Rigau consiste en culpar de la votación a los catalanes, como si la idea no hubiera nacido del bloque separatista del Parlamento autonómico. Según ellos, el Gobierno regional "habría cesado y desistido de toda actuación preparatoria, organizativa y de ejecución, pues dichas tareas habrían quedado exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios".
Pero la Fiscalía cree que "insisten las defensas en cargar sobre los hombros de los voluntarios la responsabilidad relativa a la votación del 9 de noviembre". Y expone que, si bien los voluntarios atendieron materialmente las votaciones en las mesas, "las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación habían continuado a pesar de la suspensión, siempre estuvieron controladas por la administración autonómica". "Sin la utilización de dichos medios públicos, la votación no habría podido tener lugar".