La Audiencia propone juzgar a los exdirectores de la CAM por las preferentes
La juez Lamela acusa a Roberto López y Dolores Amorós también por la deuda subordinada y archiva la pieza sobre las cuotas participativas.
La juez de instrucción Carmen Lamela ha propuesto llevar a juicio a dos exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo: Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco. La magistrada detecta indicios de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada. En el mismo auto, archiva la pieza abierta por la venta de las cuotas participativas.
Después de revisar los informes aportados en la causa, Carmen Lamela subraya que si bien se publicó un folleto informativo en el que se explicaba en qué consistía el producto y los riesgos, éste se distribuyó a través de una circular interna en la que se incluía la necesidad de realizar un test de idoneidad. Un examen que se realizó "de manera irregular". Además, razona que la División de Supervisión de la CNMV detectó "irregularidades" en su comercialización y las recogió en un informe de febrero de 2012. Entre otras observaciones, se dice que la información facilitada al cliente contenía "deficiencias relevantes".
Operaciones inconvenientes
El Banco de España nacionalizó en julio de 2011 la Caja Mediterráneo, una maniobra que conllevó el cese de los administradores de la entidad. Auditadas sus cuentas, la caja de ahorros recibió una ayuda de 5.349 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos perteneciente al Estado. El Banco Sabadell se adjudicó el 22 de julio de 2011 la entidad saneada por el simbólico precio de un euro.
Después de esta intervención, la CNMV advirtió irregularidades en las preferentes. Un informe del departamento de supervisión de este organismo público aseguraba en 2012 que en el 96% de las operaciones con clientes minoristas no se evaluó correctamente la adquisición. En la mayoría de los casos, o bien no se proporcionó la información necesaria o se materializó la transacción en un entorno desaconsejable: "ninguna operación era en realidad conveniente", apunta Carmen Lamela. En total, los afectados son 27.889 clientes que invirtieron casi 212 millones de euros.
Ahora, en esta parte del procedimiento, se da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y acusaciones para que en el plazo de diez días presenten su escrito de acusación o de sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.
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