La juez de instrucción Carmen Lamela ha propuesto llevar a juicio a dos exdirectores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo: Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco. La magistrada detecta indicios de estafa y un delito relativo al mercado y a los consumidores por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada. En el mismo auto, archiva la pieza abierta por la venta de las cuotas participativas.
Lamela ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, proceso penal para enjuiciar a los investigados. La juez considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y Banco Sabadell. Esta figura jurídica obliga a ambos entes ajeno al hecho punible a responder en defecto del autor de las consecuencias de naturaleza patrimonial derivadas del delito. No obstante, archiva la causa respecto de Juan Luis Sabater Navarro, Francisco Martínez y Vicente Soriano por cuanto "de lo actuado no se desprende que ninguno de ellos tuviera participación directa en los hechos".
Después de revisar los informes aportados en la causa, Carmen Lamela subraya que si bien se publicó un folleto informativo en el que se explicaba en qué consistía el producto y los riesgos, éste se distribuyó a través de una circular interna en la que se incluía la necesidad de realizar un test de idoneidad. Un examen que se realizó "de manera irregular". Además, razona que la División de Supervisión de la CNMV detectó "irregularidades" en su comercialización y las recogió en un informe de febrero de 2012. Entre otras observaciones, se dice que la información facilitada al cliente contenía "deficiencias relevantes".
Después de revisar los informes aportados en la causa, Carmen Lamela subraya que si bien se publicó un folleto informativo en el que se explicaba en qué consistía el producto y los riesgos, éste se distribuyó a través de una circular interna en la que se incluía la necesidad de realizar un test de idoneidad. Un examen que se realizó "de manera irregular". Además, razona que la División de Supervisión de la CNMV detectó "irregularidades" en su comercialización y las recogió en un informe de febrero de 2012. Entre otras observaciones, se dice que la información facilitada al cliente contenía "deficiencias relevantes".
Operaciones inconvenientes
Los últimos estados financieros publicados en 2007 por la CAM "no estaban falseados (ya que las cuentas que a lo largo de han sido detectadas como falseadas son las cuentas anuales de 2010 y las intermedias de 2011)", según la magistrada. De este enunciado nace el archivo de la causa en relación a las cuotas participativas. Lamela subraya que la Comisión Nacional del Mercado de valores participó activamente en la elaboración del folleto informativo, "siendo correcta la información contenida en el mismo y facilitada a los inversores. De la misma manera no consta que la CNMV detectara ninguna irregularidad relevante".
El Banco de España nacionalizó en julio de 2011 la Caja Mediterráneo, una maniobra que conllevó el cese de los administradores de la entidad. Auditadas sus cuentas, la caja de ahorros recibió una ayuda de 5.349 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos perteneciente al Estado. El Banco Sabadell se adjudicó el 22 de julio de 2011 la entidad saneada por el simbólico precio de un euro.
Después de esta intervención, la CNMV advirtió irregularidades en las preferentes. Un informe del departamento de supervisión de este organismo público aseguraba en 2012 que en el 96% de las operaciones con clientes minoristas no se evaluó correctamente la adquisición. En la mayoría de los casos, o bien no se proporcionó la información necesaria o se materializó la transacción en un entorno desaconsejable: "ninguna operación era en realidad conveniente", apunta Carmen Lamela. En total, los afectados son 27.889 clientes que invirtieron casi 212 millones de euros.
Ahora, en esta parte del procedimiento, se da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y acusaciones para que en el plazo de diez días presenten su escrito de acusación o de sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.