La juez Mercedes Alaya, que instruyó durante años la causa sobre los ERE fraudulentos en Andalucía, ha lamentado este miércoles que "se ha consentido durante mucho tiempo" que la corrupción política exista, "y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente".
La juez, que ha criticado la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en unas jornadas organizadas por los alumnos de la Facultad de Derecho de Sevilla, ha reprochado que esta nueva norma legal incluya la suspensión de los plazos de instrucción cuando una causa se decreta secreta.
"Por lo bajini te dejo que sigas investigando", pero cuando los medios de comunicación se hacen eco de la instrucción e influyen en la opinión pública y el electorado se limitan los plazos para investigar, ha explicado la juez tras considerar que eso "no es serio" y reclamar "sosiego y tranquilidad de espíritu" para los magistrados.
"La culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces", ha subrayado la juez tras criticar que a los instructores se les pone encima la "espada de Damocles" de los plazos cuando se están investigando casos "con tantos millones y millones y millones" de euros defraudados.
Horas después de que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán declararan en Sevilla por los ERE, la juez ha apelado en varias ocasiones al "espíritu crítico" de los estudiantes y ha asegurado que "la culpa" de las macrocausas no la tienen los jueces sino la complejidad de las tramas que se investigan.
"Las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad lo impone, no porque los jueces queramos instruirlas", ha enfatizado la juez, que adquirió fama por instruir desde el juzgado de instrucción 6 de Sevilla la causa de los ERE, que ella empezó en 2011 y acumula casi 300 imputados.
Alaya también se ha referido a causas "que se instruyen en Sevilla" y en otras ciudades del país relativas a la "financiación ilegal de partidos y a la financiación ilegal del electorado".
Respecto a las prescripciones de delitos, lo que ocurrirá en breve con una docena de imputados en los ERE porque fueron acusados más de diez años después de que recibieran las ayudas investigadas, la juez ha dicho que eso no tiene que ver con los plazos que se emplean en la instrucción, sino por el hecho de cuándo se inicia la investigación.
"El problema es que se averigüen los indicios del delito demasiado tarde o que se remonten a años ha. Entonces vamos con prisas y celeridad y los medios materiales no nos permiten investigar de forma suficientemente eficaz", ha indicado antes de señalar que "no es problema nuestro, es por circunstancias ajenas a nosotros".
En este sentido, ha dicho que "a lo mejor el delito es de 2001 y se empieza a investigar en 2011. Pues entonces tenemos un serio problema", ha señalado sin referirse a los ERE, que empezó a investigarse en 2011 y por hechos que se remontan a 2001.