Carles Puigdemont, el actual presidente de la Generalidad, tiene un problema inesperado. Una investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña ha llevado a sus responsables, encabezados por el magistrado Daniel de Alfonso, está causando un gran revuelo en el ayuntamiento gerundense. Los investigadores quieren todos los contratos por servicios entre 2011 y 2015, cuando Puigdemont ocupaba la alcaldía.
La solicitud se llevó a cabo a principios de febrero, cuando tomaba posesión el "hereu" de Puigdemont, Albert Ballesta, que sólo ha durado 53 días en el cargo por la oposición de concejales y altos cargos locales de su propio partido. Entre los cambios institucionales, la petición se traspapeló, pero la Oficina Antifraude insiste.
La teniente de alcalde convergente Maria Àngels Planas, responsable de hacienda, se ha mostrado dispuesta a colaborar, pero ha alegado que se trata de mucha información y documentación, que el plazo de diez días que dio Antifraude es insuficiente y que recopilar tanta papelería en ese tiempo provocaría el colapso de la administración municipal.
La inquietud es máxima en tanto que nadie en la Oficina Antifraude les ha aclarado el motivo de una petición tan concreta y que afecta de manera íntegra al mandato de Puigdemont. Los investigadores reclaman los contratos de servicios sin importar la cuantía de los mismos y han excluido a los relativos a obras. Los servicios jurídicos municipales han pedido una prórroga de un mes para satisfacer el requerimiento.