Rita Barberá tiene la oportunidad de declarar voluntariamente ante el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia en el marco de la pieza separada por presunto blanqueo de capitales del Caso Imelsa u Operación Taula. El juez les brinda esa posibilidad durante los próximos veinte días antes de decidir si eleva la causa mediante una exposición razonada al Tribunal Supremo, el único con competencia para imputar a la exalcaldesa y ahora senadora refugiada en su condición de aforada. Reproduce el mismo procedimiento en relación a Miquel Domínguez, exconcejal de Valencia. En su caso, correspondería la imputación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia al ser actual diputado autonómico.
El magistrado ha impulsado la investigación el mismo día que levanta parte del secreto de sumario. Concretamente, el que afectaba a la pieza por blanqueo de capitales en la que están investigadas 48 personas entre concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia. Según la Fiscalía Anticprrupción, "existen indicios suficientes de la participación" de Barberá y Domínguez en la comisión del delito. El juez de instrucción ha resuelto también imputar directamente al Partido Popular en su condición de persona jurídica. La formación ya está procesada en los mismos términos en la investigación por el borrado de los ordenadores de Bárcenas en los Juzgados de Madrid.
Considera oportuno acatar la doctrina del Supremo y agotar la investigación. El objetivo es que, llegado el momento, tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dispongan de información más precisa para "valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas". Además, ha decidido interrogar de nuevo un cuatro investigados que, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Son el concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular de Mª Carmen García-Fuster y de la Secretaría de esta última, María José Pi Palau. Están todos citados el próximo 8 de abril por su proximidad al dinero de supuesto origen ilícito.
De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, Rita Barberá y Miquel Domínguez comparecerían ante el juez y el fiscal ya con conocimiento del conjunto de las actuaciones. Podrían simplemente presentar un escrito de alegaciones con la versión que consideren oportuna en relación a los hechos investigados y su posible participación en los mismos. En una providencia adjunta, el magistrado emplaza al Partido Popular para que designe un representante que declare por la formación imputada. Por último, solicita informe al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la posibilidad de declarar compleja la causa y así ampliar el plazo de investigación de 6 a 18 meses.
Caso Imelsa
La pieza principal del Caso Imelsa u Operación Taula seguirá bajo secreto hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada este lunes por el juez. Acumula ya 115 investigados (anteriormente imputados), entre personas físicas y jurídicas, por varios delitos contra la Administración Pública: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. En el punto de mira, una supuesta trama de corrupción infiltrada en la Comunidad Valenciana a nivel municipal y regional. Según fuentes de la investigación, sus integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos públicos a cambio de comisiones.
La operación que desencadenó la causa a finales de enero se saldó con 24 detenciones, entre ellas las del expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus. La investigación consta de 4.500 folios en 15 tomos.