La Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que levanta las imputaciones a dos empresarios porque fueron acusados en el caso de los ERE por la juez Mercedes Alaya más de diez años después de que recibieran las ayudas por las que fueron imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos.
La Audiencia levanta las imputaciones tras aceptar el recurso que presentaron los dos empresarios - Juan Manuel Prieto, que recibió de la Junta de Andalucía una ayuda de 180.303 euros en 2002, y Luis García, que obtuvo de 270.455 euros en 2003 y 2004-, según recoge un auto al que ha tenido acceso Efe.
La decisión de los magistrados de la sección séptima de la Audiencia, compañeros de Alaya desde que abandonó el juzgado de instrucción 6 en junio de 2015, confirma las advertencias que le habían hecho a la juez desde la Fiscalía sobre posibles prescripciones de delitos, que podrían producirse con otra decena de casos.
La juez Alaya imputó a ambos empresarios junto a otras 32 personas el 6 de febrero de 2015 una vez que la Guardia Civil explicó, en un atestado de finales de 2014, lo ocurrido con las ayudas concedidas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, que fue la comarca más beneficiada por las ayudas de los ERE que se investigan.
Ninguna de las nueve resoluciones dictadas antes por Alaya reunía las condiciones para permitir que no se produjera la prescripción de los delitos que imputó, señala la Audiencia.
Los "círculos de poder"
Tras recordar que esa expresión de los "círculos de poder" se recoge en una sentencia del Tribunal Supremo, la Audiencia señala que "los indicios de hechos delictivos en la concesión de determinadas ayudas o subvenciones, y con ellos la identidad de sus presuntos autores, no aparecieron" hasta el atestado de la Guardia Civil.
Una de las ayudas investigadas se concedió a Luis García, empresario y secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción (Sevilla), que recibió 270.455 euros para la cooperativa Virgen de Belén gracias a la influencia que ejercía en altos cargos de la Junta de Andalucía, decía Alaya en su auto de imputación.
La ayuda se aprobó "sin aportar documentación justificativa de proyecto alguno para el destino de la ayuda" y sin que la empresa estuviera al corriente en los pagos de sus obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, precisaba Alaya.
La Fiscalía Anticorrupción fijó hace un año un límite de 450.000 euros para que a una subvención superior a esa cantidad le fueran aplicados los 15 años de prescripción en lugar de los 10 habituales, según recuerda la Audiencia.
Tras aceptar la prescripción reclamada en el recurso de los empresarios, la Audiencia indica que será la juez de instrucción 6, María Núñez Bolaños, que sustituyó a Alaya, la que resuelva sobre si lleva al proceso a las entidades que recibieron las ayudas "como partícipes a título lucrativo conforme al artículo 122 del Código Penal".