La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, arremetió este fin de semana contra el pacto firmado por el PSOE y Ciudadanos, afirmando que en el mismo existe un "referéndum encubierto" para Cataluña y que "no habla claro de la defensa de la unidad de España". Lo hizo en un claro intento de atacar y perjudicar a la formación centrista.
Solo un día después, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, siguió en la misma línea que su secretaria general: "a diferencia de la propuesta del PSOE, nosotros no llevamos encubierto un referéndum independentista en Cataluña; menudo papelón que está haciendo el señor Albert Rivera. Yo no sé si los señores de Ciudadanos sabían que cuando estaban votando a Albert Rivera estaban votando al PSOE para que Pedro Sánchez fuera candidato a la presidencia de La Moncloa y de paso, y de carambola, hacer vicepresidente a Pablo Iglesias".
Para realizar estas afirmaciones el PP se agarra a unas declaraciones realizadas por Carme Chacón, que se mostró partidaria de un referéndum si los catalanes votan 'no' a la reforma constitucional que plantea el acuerdo. Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo que dice literalmente el acuerdo firmado entre los socialistas y Ciudadanos?
En su primera página ya deja claro lo siguiente:
Debemos mantener la solidaridad, la igualdad y la unión de todos los españoles dentro de la Unión Europea. Debemos reformar España entre todos, para fortalecerla y no fracturarla.
Luego, en el apartado séptimo del acuerdo titulado Reforma de la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado se ponen por escrito las siguientes consideraciones:
[…] La Constitución dejó abierto, de hecho, el modelo territorial, por lo que hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando nuestro modelo para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana.
[…] Orgullosos de la Constitución, no pretendemos abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad.
En su última página se expone que "en el marco de este acuerdo el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos quieren manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional así como su voluntad de promover que la reforma constitucional que en su día se aborde incluya", entre otras cuestiones […] garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia; determinar con precisión las competencias del Estado y las de las CCAA y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales recogidos en la Constitución […]; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las CCAA en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea".
Y ya la penúltima línea del texto dice así:
Oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.
Volvamos a las declaraciones que Carme Chacón realizó el pasado 26 de febrero, cuando este acuerdo había sido ya rubricado y hecho público. La dirigente del PSC y secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE consideró que cabría plantearse la posibilidad de celebrar un referéndum sobre el futuro de Cataluña en caso de que los catalanes votasen mayoritariamente en contra de la nueva Constitución que su partido pretende impulsar.
"En este escenario, el mensaje sería clarísimo y aquí nos tendríamos que poner todos a trabajar, (empezando) probablemente por lo que hizo Canadá, donde la pregunta tenía que ser pactada y muy clara y la mayoría suficiente", dijo Chacón en una entrevista en el programa El Balcó de SER Cataluña.
¿A qué se refiere Chacón? En el artículo publicado en Libertad Digital por Daniel Rodríguez Herrera, Escocia, Quebec y la claridad, se explica que desde que se aprobó la Ley de Claridad, los nacionalistas de Quebec dejaron de convocar referendos. El Tribunal Supremo canadiense fijó en 1998 las condiciones que debería tener una consulta independentista para ser válida. Los principios rectores, tanto de la pregunta como del resultado, serían los de claridad y contundencia.
Canadá formalizó esta sentencia en el año 2000, con la Ley de Claridad, que establece límites a los posibles textos. Así estipula que la mayoría que vote sí deberá superar no sólo un porcentaje (a negociar) sobre el total de los votantes, sino sobre el total del censo; que, en caso de tener éxito la secesión, deben asegurarse los derechos de los ciudadanos que no la desean en el nuevo país independiente, así como una división justa de activos comunes –como en el caso de España pueda ser la Seguridad Social–. Desde su aprobación, no se ha intentado celebrar referéndum alguno en Quebec.
De cualquier forma y sean los deseos de Chacón los que sean, lo cierto es que el pacto que Ciudadanos ha firmado con PSOE es el que es y, en ningún caso, se recoge o se puede intuir las acusaciones que realizan desde el PP.