Las tres de la tarde como hora límite. Si el abogado de Diego Torres concluye el interrogatorio a su cliente antes de ese momento, Iñaki Urdangarin se expondrá este viernes a las preguntas de las partes, empezando por el fiscal Pedro Horrach. De lo contrario, habrá que esperar al próximo miércoles 2 de marzo, el primero de los cuatro días habilitados por el Tribunal de forma extraordinaria ante la dilatación de los tiempos previstos. Restan solo tres acusados: el marido de la Infanta; quien fuera asesor fiscal de Nóos, Salvador Trinxet; y doña Cristina de Borbón.
Al comienzo de esta duodécima sesión del juicio, el abogado del exduque de Palma ha conducido el interrogatorio a Torres. Mario Pascual Vives ha aludido a un contrato por el que el Gobierno de Baleares pagó 18 millones de euros al equipo ciclista Banesto en concepto de patrocinio. Según declaró el exdirector general de Deportes en la autonomía, Pepote Ballester, Urdangarín habría ejercido de conseguidor gracias a su relación con los dirigentes de ambas instituciones. A cambio, el instituto Nóos recibió 300.000 euros para gestionar la "oficina de proyecto" de la operación.
Torres ha negado categóricamente que ese monto responda a una comisión para su exsocio. También ha desvinculado de las actividades del Instituto Nóos, en concreto de la gestación de la cumbre Valencia Summit, al exvicealcalde de la capital del Turia acusado en esta causa, Alfonso Grau, detenido el pasado lunes en el marco de otra investigación. Hasta que ha cogido el testigo de las cuestiones su abogado.
Defensa final
Con la ayuda de Manuel González Peeters, serio y directo en sus formulaciones, ha intentado demostrar la legalidad de cada uno de los contratos incluidos en el sumario: Lagardere, Mixta África, Motorpress España, Lobby Comunicación, Valencia Summit, Illes Balears Fórum, Ros Casares, los Juegos Europeos, el patrocinio ciclista, la candidatura olímpica de Madrid 2016…y así hasta el final. Todo legal, según Diego Torres y la documentación por él mismo presentada.
Conducido por su letrado, el declarante ha manifestado que cada una de las sociedades que constituyó "es distinta. La actividad era distinta. Presentaban declaraciones impositivas diferentes. Nunca ha existido una sociedad dominante". Después ha explicado que fijaban un canon máximo de patrocinio de 900.000 euros y que perdieron dinero en los certámenes desarrollados en Valencia y Baleares porque fijaban los precios "muy por debajo del mercado", exactamente la versión opuesta a la que propone la Fiscalía Anticorrupción.