Iglesias diseña un órgano para controlar jueces, fiscales y una unidad policial propia

Un Gobierno paralelo dentro del propio Gobierno. La propuesta hecha pública este lunes por Podemos para pactar lo que se ha denominado como el "Gobierno del cambio" supone un salto cualitativo en las funciones que hasta ahora, durante estos más de treinta años de democracia, han tenido tradicionalmente los vicepresidentes del Gobierno. De hecho, asumiría competencias que hasta ahora han pertenecido a Presidencia, Interior, Justicia o Hacienda, entre otros ministerios.

Uno de los elementos más llamativos entre las nuevas funciones del que sería número dos del Ejecutivo, puesto en el que la formación de Pablo Iglesias exige colocar a su líder, sería crear y organizar una nueva Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, que justifican en la necesidad de que el nuevo Gobierno esté "comprometido con la regeneración democrática" y con la eliminación de "la corrupción y el nepotismo".

Esta nueva estructura de la Vicepresidencia del Gobierno sería la encargada de dirigir el "Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional", que tiene entre sus medidas estrella la creación de una nueva Unidad de Policía Judicial, para lo que quitarían esas competencias a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil, controladas por Interior, para que los agentes que las componen desarrollen sus investigaciones bajo el control de la Vicepresidencia.

Esta Unidad Adscrita de Investigadores, como la denomina el documento de Podemos, también estaría compuesta por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y expertos en Hacienda (inspectores y subinspectores), profesionales que hasta ahora dependían del Ministerio de Hacienda. Ninguno de ellos deberá poner al corriente de las investigaciones a sus respectivos jefes, sino únicamente a los jueces, a los fiscales y al cargo de confianza del vicepresidente que ocupe el cargo de director general de la unidad.

"Jurídicamente no existen dificultades para su creación inmediata, ni requiere de la formación de profesionales cualificados, dada su actual existencia dentro de los diferentes ámbitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Supondrían un hito en la eficacia, agilidad e imparcialidad en las investigaciones necesarias en los procedimientos penales con causas de mayor gravedad o trascendencia social, especialmente las relacionadas con la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus tipologías", argumentan desde la formación morada.

Por si fuera poco, la Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, también sería la encargada de "coordinar" a los jueces y fiscales que luchan contra la corrupción, especialmente, a la Fiscalía Anticorrupción, según señalan en el documento. Y les coordinaría no sólo entre ellos, sino también con los agentes de la Unidad Adscrita de Investigadores y con otros órganos fiscalizadores de la Administración.

Para ayudar a este secretario de Estado a combatir la corrupción, se creará un Consejo Asesor Anticorrupción, que estará compuesto por "movimientos asociativos civiles y personalidades de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado". Y también una Comisión Interdepartamental, que estará integrada por "las oficinas de las administraciones central, autonómica y local que tengan competencias en la lucha contra la corrupción".

De esta forma, el vicepresidente del Gobierno no sólo tendría bajo su control directo una estructura policial paralela y propia, sino que también tendría un órgano para dirigir a los jueces y fiscales que combaten contra la corrupción política y el crimen organizado. A esto, habría que sumar el control que ya tiene la vicepresidencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios de espionaje del Estado español.

Y es que, pese a que el CNI, conocido anteriormente como CESID (Centro Superior de Información de la Defensa), ha estado tradicionalmente dentro de la estructura del Ministerio de Defensa, la actual vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió en 2011 reforzar su posición de fuerza en el Ejecutivo colocando a los espías españoles bajo su control, quitándole el mando de los mismos al ministro de Defensa.

La supervicepresidencia por la que apuesta Podemos también tendría el control de CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), del BOE (Boletín Oficial del Estado), de la Secretaría de Estado de Relaciones con la Cortes Generales (controlando la información que del Gobierno se facilita a los diputados del Congreso y Senado), la Secretaría de Estado de Comunicación (controlando la comunicación del Gobierno) o la Secretaría de la Presidencia.