El juez de la Audiencia Nacional Ismael Serrano ha decretado la puesta en libertad de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raul García tras el cambio de postura de la Fiscalía. El magistrado les ha impuesto comparecencias diarias al juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir del territorio nacional.
La decisión llega tras el cambio de criterio de la Fiscalía y el recurso de los abogados. En el auto, considera probado el arraigo familiar de los investigados en España y establece que "el riesgo de fuga queda muy mermado". Ve también "escaso" el riesgo de reiteración delictiva, en alusión a la posibilidad de que representen de nuevo la obra La Bruja y don Cristóbal, que les condujo el pasado sábado a prisión.
La Fiscalía apoyaba su petición de libertad en que es difícil que se puedan repetir los hechos porque ha sido incautado judicialmente todo el material empleado en la representación". El fiscal Pedro Rubira agrega que además las actuaciones que tenían previstas han sido rescindidas.
El Ministerio Fiscal, que apoyó el sábado su ingreso en prisión, considera que ahora se "han conjurado los motivos" que justificaron su envío a la cárcel de Soto del Real. Por ello, considera que procede acordar la libertad provisional con la fijación de domicilio, comparecencias diarias al juzgado o la comisaría más cercana a su vivienda, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.
Moreno envió este sábado a la cárcel a los titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo por un delito de enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta tres años de prisión, y otro delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel, por la obra que representaron el viernes en los carnavales del barrio madrileño de Tetuán ante niños de entre uno y seis años y que incluía la violación de una mujer, el ahorcamiento de un juez o varios apuñalamientos.
Discurso del odio
Ismael Moreno recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para subrayar que el derecho a la libertad ideológica y de expresión protege aquellas ideas que pueden resultar "rechazables y molestas para una generalidad de personas", pero no alcanzan a "cobijar la utilización del menosprecio y el insulto contra personas o grupos, ni tampoco a la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos". "Se oponen a ello el derecho a la dignidad de la persona, la igualdad y el honor", añade.
En este sentido, el magistrado recuerda que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al denominado 'discurso del odio', que supone una incitación directa a la violencia, y advierte de que las escenas que los titiriteros representaron públicamente "constituyen a priori un modo de fomentar, promover o incitar al odio, hostilidad o violencia contra un determinado grupo de personas".
En cuanto a la comisión del delito de enaltecimiento, el juez destaca que "cualquier persona que lea la expresión incluida en el cartel exhibido por los investigados 'GORA ALKA-ETA' puede verificar que se está alabando o justificando a los terroristas o a los propios hechos" y añade que la exhibición con ocasión de una escenificación de una obra con guiñoles no supone por sí misma la despenalización de esta conducta.
La defensa de los titiriteros alegaba que se trataba de una pancarta de pequeño tamaño que uno de los guiñoles colocó a la bruja para incriminarla y que había obras de ficción más violentas como 'Rambo' o 'Pesadilla en Elm Street', así como multitud de obras clásicas, incluyendo las de Shakespeare o el 'Crimen y Castigo' de Dostoyevsky, en las que aparecen escenas sexuales explícitas y el asesinato de personas.
Aseguraron que la obra 'La Bruja y Don Cristóbal', en la que se veía el ahorcamiento de un juez o varios apuñalamientos, no estaba dirigida a un público infantil y se trató de "una sátira humorística representada con motivo de los Carnavales", que no se encontraba catalogada como espectáculo infantil, sino que se incluye en las denominadas de 'Teatro Popular'.