El PP está encorsetado por sus fracasos electorales y la inacción motivada por las decisiones del PP nacional. Ciudadanos ha decidido ser parte del régimen andaluz en vez de proponerse una regeneración necesaria. Izquierda Unida ha sido cómplice, junto con los andalucistas casi extintos, de la continuidad del régimen y Podemos, a pesar de sus exabruptos sobre el bipartidismo y la casta, está jadeando ansioso por participar en el festín del régimen. Los sindicatos UGT y CCOO están penetrados por la corrupción y sus favores mutuos con el régimen, al igual de la Confederación de Empresarios. Los demás sindicatos o son tan pequeños que no influyen o están en connivencia con el régimen.
Por ello, además de algunos medios de comunicación como El Mundo, ABC, La Razón y algunos menores, sólo el Sindicato Andaluz de Funcionarios, el sindicato mayoritario en la Junta de Andalucía y sin embargo excluido por el PSOE de la mayoría de las mesas de negociación, es la verdadera pieza opositora al régimen que se fraguó en 1982 y martillo pilón en sus denuncias judiciales sobre las irregularidades ya sistemáticas perpetradas por la Junta. De hecho, a pesar de su moderada entidad cuantitativa, ha elegido la vía judicial como el mejor sistema de lucha sindical con extraordinarios resultados puesto que son ya decenas las condenas que la Junta ha recibido del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otros tribunales.
Pues este pasado fin de semana se ha celebró en Sevilla el II Congreso General ordinario del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) al que asistieron compromisarios de todas las provincias andaluzas. En el congreso se eligió al nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato, para el que se postulaban dos candidaturas. Resultó elegida por un 70% de los votos la candidatura encabezada por Carlos Ezequiel Sánchez Morales, que hasta la actualidad venía desempeñado el cargo de vicepresidente-secretario general, y que pasa a ser el nuevo presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
La nueva ejecutiva del SAF contará con siete miembros. Además del presidente, conformarán el comité ejecutivo un vicepresidente-secretario general (José Manuel Mateo) y cinco secretarios de área: Asuntos Jurídicos (Bruno A. García Valdecasas), Organización (Luis A. Galice), Formación y Asuntos Económicos (Alfredo Pérez), Acción Sindical (Joaquín Leal) y Comunicación y Acción Social (Alfonso Calabuig).
El Congreso eligió también a los afiliados que formarán el Comisión de Garantías y la Comisión de Auditoría y Censura de Cuentas. Y, asimismo, aprobó la celebración de un nuevo congreso extraordinario, cuya fecha no quedó concretada, con objeto de proceder democráticamente a la modificación de los Estatutos del Sindicato.
A pesar de ser un sindicato joven, el SAF se ha convertido en pocos años en el sindicato mayoritario entre el funcionariado de la Administración Autonómica; habiendo ganado holgadamente las elecciones sindicales celebradas en el pasado año 2015 y obteniendo en los órganos de representación funcionarial (Juntas de Personal) una amplia mayoría, tanto en los servicios centrales como en los de todas las provincias andaluzas. Hasta el año 2012 el Sindicato –que entonces se denominaba SAFJA- limitaba su ámbito de actuación a la administración de la Junta de Andalucía; desde esa fecha pasó a denominarse SAF y a implantarse en otras administraciones públicas andaluzas, además de la autonómica.
En esta estrategia de expansión, el SAF ya tiene presencia en diversos Ayuntamientos y Universidades de Andalucía, así como en servicios territoriales de la administración general del Estado en esta comunidad autónoma. En la actualidad ultima un proyecto de implantación y acción sindical en el sector del funcionariado de los diferentes cuerpos docentes.
La evidente y demostrada preferencia del funcionariado andaluz por este joven Sindicato tal vez esté en que es el único sindicato en la Administración Autonómica que no recibe subvenciones de la Junta de Andalucía y goza, por tanto, de absoluta independencia en su acción sindical; prueba de ello son los numerosos pleitos entablados contra la Junta de Andalucía –incluso ante el Tribunal Constitucional- y, también, las querellas interpuestas contra altos cargos de la Junta cuando ello ha sido preciso en defensa del interés general y los derechos e intereses del funcionariado andaluz; buenos ejemplos de ello son las presentadas contra 42 altos cargos de la Junta por prevaricación y usurpación de funciones, o la presentada en el año 2010 contra el Presidente de la Junta (entonces, José Antonio Griñán) y todo el Consejo de Gobierno por la aprobación del llamado "decreto-ley del enchufismo".