Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad y consejero de Economía, ha debutado en la comisión de economía del parlamento catalán con dos grandes anuncios: el despliegue de la Hacienda catalana y la conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público del futuro Estado.
Junqueras dice estar dispuesto a crear nuevas leyes para que la Agencia Tributaria catalana sea una realidad y pueda recaudar todos los impuestos que pagan los ciudadanos que residen en la comunidad. De entrada, afirma contar con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones para pasar de las cuatro oficinas que tiene en la actualidad la Hacienda de la Generalidad a las 140 en un plazo de dieciocho meses. En el plan de Junqueras figura también convertir el Instituto Catalán de Finanzas (uno de los organismos que utilizó Convergencia para tejer su red de comisiones y favores) en un banco público catalán.
En cuanto a los presupuestos de 2016, Junqueras se mostró muy optimista, convencido de llegar a un acuerdo con la CUP y el resto de los grupos parlamentarios. Sin embargo, los antisistema le exigen que renuncie a pagar una parte de la deuda. Junqueras se mostró didáctico: "No se puede dejar de pagar la deuda cuando para funcionar necesitamos endeudarnos". El argumento no encajó bien en la CUP, cuyos diputados se muestran cada vez más inquietos ante la aparente calma y legalidad con la que el ejecutivo autonómico pretende actuar. Los antisistema consideran que el impago de una parte de la deuda de la Generalidad, cifrada en 68.000 millones de euros, sería un "gesto de soberanía".
Junqueras, por su parte, trata de combinar la insurrección con un cierto pragmatismo derivado de las obligaciones financieras de la administración para poder pagar a los funcionarios y mantener la maquinaria del proceso separatista en marcha. De ahí que se esfuerce en mostrar que el gobierno que vicepreside está en el "modo desobediencia" exigido por la CUP mientras asume que las nóminas dependen del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Estado. Eso no le impide echar la culpa a España de todos los males que sufren la economía y la administración catalana.