El conflicto sobre quién borró y por qué los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas como tesorero del Partido Popular se mueve en dos escenarios. En función de a qué bando pregunte la jueza Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, obtiene una u otra respuesta. El propio Bárcenas insistió este miércoles en que los equipos eran suyos y que el PP los destruyó para ocultar una presunta financiación irregular, tesis que refuerza Izquierda Unida en su condición de acusación popular. En el extremo opuesto, la actual gerente de la formación ha recogido este jueves el discurso de Mariano Rajoy: se aplicó el protocolo para la protección de datos. Y va más allá, Carmen Navarro ha asegurado que los discos duros estaban vacíos antes de que los borraran.
El horario de citaciones incluía este jueves a dos de los tres investigados (antes imputados) hasta la fecha: Carmen Navarro, sucesora de Bárcenas como gerente y tesorera del Partido Popular, y Javier Barrero, jefe informático de la formación cuando se produjo el borrado de los ordenadores. La primera ha respondido durante hora y media a las preguntas del juez y su abogado, dado que la Fiscalía no ha formulado ninguna cuestión y se ha negado a atender al resto de acusaciones. En algo más de 60 minutos, Barrero ha explicado con detalle su presunta vinculación y, de acuerdo con las partes, la magistrada ha acordado un cambio de condición para él: de imputado pasará previsiblemente a testigo.
Gerencia desastrosa
Según su abogado, Carmen Navarro ha descrito la "desastrosa" situación de la gerencia del Partido Popular cuando aterrizó en 2010, sin una organización para los inventarios y los ficheros. Se la contrató tras marcharse Bárcenas, ha dicho, para profesionalizar esta área y, un año más tarde, también la tesorería.
Prohibió a Bárcenas la entrada en Génova cuando, en enero de 2013, afloraron las informaciones sobre los 47 millones de euros que guardaba en Suiza y los famosos papeles sobre la presunta caja B del PP. Tal y como ha detallado su defensa, Navarro ordenó el veto de acceso a la sede central de la formación con el consentimiento de la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Afirma que el responsable de la asesoría jurídica popular, Alberto Durán, a través del suegro que trabajaba en la seguridad del edificio, Antonio de la Fuente, se encargó de comunicar la decisión a Bárcenas.
A finales de febrero, habría entrado en juego lo que Navarro ha denominado el protocolo de borrado seguro. En base a un protocolo de actuación que, según ha alegado, ya existía, la gerente ordenó al nuevo jefe informático que ella misma contrató, Juan Manuel Moreno, que accediera al despacho de Bárcenas y borrara los ordenadores. En palabras de Navarro, el "responsable de medios de información", Juan Manuel Moreno, se encontró los dos equipos sin ningún documento, vacíos y sin claves de acceso.
Pero el 1 de marzo, antes de proceder a la destrucción según señala su abogado, Luis Bárcenas interpone una querella por "robo, hurto y apropiación indebida" de los dos aparatos. Un Bárcenas que aseguran "no había manifestado su deseo de recuperar los equipos". De hecho, ha defendido Carmen Navarro, se dispusieron una semana después sus pertenencias en la sala Andalucía, ubicada en la tercera planta de Génova 13, para que acudiera a recoger sus efectos si acreditaba que eran de su propiedad. Después de varios meses, envío a dos personas para que se llevaran únicamente una caja que contenía, por ejemplo, un trineo y un cuadro.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró en abril que el Partido Popular no incurrió en tales delitos de lo que extrajo la formación que los ordenadores eran suyos. De esta forma, culminó el borrado –Navarro no ha especificado quién- "siguiendo el protocolo interno".
"No compré los ordenadores"
Javier Barrero era el responsable de los servicios informáticos del Partido Popular justo antes de que se produjera el borrado de los ordenadores. En aquel momento, se encontraba en excedencia y, cuando regresó, Carmen Navarro le había sustituido por su persona de confianza, Juan Manuel Moreno. Pese a que continúa trabajando para la formación en un escalafón inferior dentro de la misma área, Barrero no ha seguido la argumentación del PP.
Le ha dicho a la jueza que él no compró los dos equipos, ni el Toshiba ni el Mac, que utilizaba Bárcenas. Barrero asegura que los ordenadores no pueden pertenecer al Partido Popular porque supervisaba todas las compras de dispositivos informáticos y éstas no figuran en el documento de Excell donde las registraba. Según su criterio, deben pertenecer al exgerente. Además, ha negado la existencia de ningún protocolo de actuación que, como defienden desde Génova, obligara a formatear los equipos cuando se marcha un empleado.
Barrero ha acudido al Juzgado como imputado y lo ha abandonado cerca de cambiar su condición a la de testigo. Ha acreditado que no participó en la destrucción de los discos duros, simplemente ayudó a Bárcenas a descargar documentos guardados en el ordenador más viejo. Esos archivos fueron los que el tesorero aportó en la Audiencia Nacional, informaron fuentes jurídicas. Al contrario ocurre con el abogado del PP, Alberto Durán, que este miércoles compareció como testigo y el próximo viernes 12 está citado de nuevo, ahora como imputado. Ese mismo día acudirá un representante del Partido Popular como persona jurídica en la misma condición.
Sobreviven los correos
Pese a que el Partido Popular destruyó los ordenadores en julio de 2013, según fuentes jurídicas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional se llevó de la sede de la formación los correos electrónicos de Bárcenas, que permanecían en el servidor interno del partido. Habría ocurrido en diciembre de 2013 cuando realizó diligencias para la Audiencia Nacional, donde el extesorero está imputado en los casos Gürtel y por sus "papeles" con la supuesta contabilidad B.