La investigación apunta al blanqueo, comisiones generalizadas y financiación ilegal de todo el PP valenciano

Avanza la investigación y se enraíza en lo más profundo del Partido Popular en Valencia. La versión más cercana al juez que conduce la investigación, difundida desde el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dibuja "una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas". El mapa de la presunta red se extiende ya por toda la región a través de altos cargos de la administración pública y empresarios. Algunos de ellos continúan declarando; otros, en el caso de Rita Barberá, se libran por su condición de aforados.

El paso de las horas desvela nuevos detalles a pesar del secreto. En primer lugar, la lista oficiosa de los delitos cometidos: contra la administración pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales. También exalcaldes, concejales, miembros de la Diputación, empresarios, arquitectos y personal de Ayuntamiento imputados y/o investigados. La operación sigue abierta, la Justicia en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción aún recaba pruebas y practica diligencias.

También hay novedades del ‘modus operandi’, la supuesta forma de proceder de la trama. En relación a los implicados, evidentemente se distribuye a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Según publica el diario El País citando fuentes del caso, la Fiscalía tendría indicios de que el PP regional cobró comisiones del 3% "de forma generalizada" durante los diez últimos años. Por su parte, añade El Mundo que destacados miembros del grupo aportaban 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2015 para que después la secretaria del grupo Mari Carmen García-Fuster devolviera en metálico las donaciones con dinero de la llamada "caja B" del PP.

Las caras de Taula

El escenario pone en jaque a piezas principales de este engranaje. Al frente estaría Alfonso Rus, el expresidente de la Diputación famoso por, entre otras citas, la grabación en la que aparece contando hasta "dos millones de pelas" procedentes de presuntas comisiones ilegales. Fue el sonido con el que Esquerra Unida impulsó la causa ante la Justicia y que salpica también a Marcos Benavent, exgerente de la compañía provincial Imelsa especializada en sistemas eléctricos. El empresario habría gestionado un entramado de sociedades que a su vez se adjudicaban obras públicas de manera fraudulenta.

Dichas grabaciones refuerzan las sospechas sobre Rita Barberá. Al parecer, ambos se habrían referido en ellas hasta en cinco ocasiones a la exalcaldesa de Valencia y ahora senadora como "la jefa". Falta por esclarecer, por ejemplo, si sus campañas electorales corrían a cargo de las posibles comisiones ilícitas en el punto de mira. El primer mapa judicial de esta macrooperación lo va a dibujar en las próximas horas el Juzgado de Instrucción Nº18 de Valencia. Lo hará cuando termine de tomar declaración a los 24 detenidos este martes, aunque el juez no ha dispuesto plazos.

Va a llamar en calidad de investigados (antes imputados) y a petición de la Fiscalía a medio centenar de miembros del grupo municipal popular. No estará Rita Barberá por su aforamiento como senadora, cargo cuya investigación compete al Tribunal Supremo. De los 24 detenidos, han dado explicaciones 14 y todos han quedado en libertad provisional a cambio de fianzas que suman 965.000 euros en cinco casos.

Conforman la lista de los detenidos: el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su declaración; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa; dos arquitectos; un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular); el ex vicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla; el ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Cortes Valencianas, David Serra; la ex concejal de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex jefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos; el ex acalde de Genovés, Emilio Llopis; y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además de ellos, las diez personas que faltan por prestar declaración entre las que se encuentra Alfonso Rus. En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.