La investigación sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, merece entrar en detalle. Así lo estima el Juzgado de Madrid dirigido por Antonio Serrano-Artal que ha abierto una pieza secreta separada en el marco de esta causa. El magistrado ha citado el próximo 19 de febrero al exgerente del FMI en calidad de investigado -antes imputado-, a su abogado y presunto testaferro, Domingo Plazas, además de a otros dos querellados y dos testigos.
La Justicia investiga en la pieza principal presuntas comisiones ilegales a favor de Rato a cambio de dos contratos para las campañas publicitarias sobre la salida a Bolsa de Bankia en 2011 y 2012. Reúne a una decena de imputados por un supuesto delito de corrupción entre particulares, entre ellos, los representantes legales de las dos empresas beneficiarias de las adjudicaciones: Sergio Lorca, de Zenith y Miguel Ángel Furones, de Publicis. Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido la personación en la causa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) como acusación popular.
Comisiones ilegales
Tratan de esclarecer si estas dos empresas, que llevaron a cabo dos campañas publicitarias sobre la salida a Bolsa de Bankia y los valores de la entidad, ingresaron comisiones ilegales a Rato por más de 800.000 euros. Están bajo el punto de mira dos pagos que la mercantil Albisa (supuesta sociedad pantalla de Rato a través del intermediario, Alberto Portuondo) realizó a la compañía Kradonara en los años 2011 y 2012.
Se habrían justificado como "prestaciones de servicios" efectuados por Krandonara a Albisa cuando en realidad, según los investigadores, se corresponden con comisiones pagadas por Publicis y Zenith. Al parecer, ambas facturaron a la entidad 27,5 y 20,3 millones de euros en los años 2011 y 2012 por las dos campañas publicitarias.
Personación de UPyD
La Audiencia Provincial de Madrid ha aceptado que Unión, Progreso y Democracia actúe como acusación popular en el caso Rato, al estimar el recurso que el partido magenta interpuso contra la decisión del juez Serrano-Artal. Por ella, UPyD quedó apartada de la causa al entender que no existía conexidad con el caso Bankia en el que está personado en la Audiencia Nacional.
Los magistrados replican que la argumentación del instructor fue "insuficiente" y el ejercicio en calidad de acusación popular debe "medirse y contemplarse" en el procedimiento abierto en su juzgado, recordando los "amplísimos términos" que el artículo 125 de la Constitución otorga a la figura de la acción popular.
Por otra parte, han confirmado la fianza de 10.000 euros que el juez instructor impuso a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) para actuar como acusación popular, al considerar que esta cuantía es "razonable y proporcionada" teniendo en cuenta la "entidad del asunto y las cuestiones ciertamente importantes" que se dirimen en este procedimiento.