El catalán vuelve a ser requisito para los funcionarios en Baleares

El pleno extraordinario del Parlamento balear ha aprobado este martes con 36 votos a favor y 22 en contra tomar en consideración la proposición de ley presentada por PSIB, MÉS per Mallorca y per Menorca, Podemos y Gent per Formentera (GxF) para modificar la Ley de Función pública con el objetivo de "tomar medidas de recuperación y fomento del catalán" y que así vuelva a ser requisito y no solo mérito para trabajar en la administración.

Durante este pleno, también se ha aprobado la modificación de la ley de "normalización lingüística" propuesta por El PI que hace "efectivo el uso progresivo y normal" de la lengua catalana en el "ámbito oficial y administrativo" y establece que los topónimos tengan como "única forma oficial la lengua catalana", entre otros aspectos.

En su turno de intervención en el debate de la ley de función pública, la portavoz del PSIB, Pilar Costa, ha censurado que "el PP siga atrapado por la alargada sombra" que representa para Baleares el expresidente del Gobierno, José Ramón Bauzá, y su "obsesión antilingüística".

Por su parte, la diputada del PP, Núria Riera, ha reprochado que "las medidas que se quieren tomar solo pretenden derogar las medidas hechas por el PP". "No defiende la lengua, sino que pone en evidencia que en su ADN está la derogación por la derogación de lo que hace el PP, aunque sea bueno", ha censurado durante el debate.

Respecto al debate de la ley de normalización lingüística, el también diputado del PP, Juan Manuel Lafuente, ha lamentado el rechazo de sus enmiendas ya que para ellos prevalece "el derecho de opción lingüística de cada ciudadano, sin dar primacía de una lengua oficial sobre otra".

En los pasillos del Parlamento balear, la portavoz del PP, Marga Prohens, ha criticado la realización de este pleno extraordinario "para tratar temas ordinarios" porque supone "un gasto para los ciudadanos". Asimismo, Prohens ha censurado que este Gobierno "es muy hipócrita" porque "exige conocimientos de catalán" para entrar en la Administración pero, sin embargo, "exime a sus cargos".

Por su parte, el portavoz de El PI, Jaume Font, ha aseverado que una cuestión como la lengua, es para "tratarse con emergencia y hacer un decreto Ley" al tiempo que ha señalado que "la política de Bauzá" en esta materia "generó una contestación social como no se había visto nunca". Antes, su compañero y diputado de El PI, Josep Melià, ha señalado que no considera que "la ley de normalización discrimine", como ha criticado C's, ya que, según ha dicho, "esta ley pretende corregir un desequilibrio, C's hace un discurso que está fuera de la realidad".

En respuesta, el diputado del Grupo Mixto y representante de C's, Xavier Pericay, ha criticado que se vuelva a una ley de hace 30 años y ha dicho que "el consenso que hubo entonces debe actualizarse". "El debate tendría que basarse en "un problema de libertad y derechos y no de lenguas" ya que, tal como ha expresado, "las lenguas no tienen derechos, el derecho lo tienen sus hablantes".

"Pretendemos actualizar un texto de hace 30 años y buscar el consenso en el Parlament", ha apuntado aunque a pesar de lo dicho, sus enmiendas no han sido aprobadas. "El Govern no tiene voluntad de llegar a acuerdos, solo busca dialogar entre sí y con Podemos", ha criticado.

Por su parte, la portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha censurado dentro del debate de normalización lingüística que Bauzá "más que el presidente de Baleares, quería ser el azote del catalán, el alumno aplicado siempre queriendo defender los intereses del PP de Madrid".

En esta misma línea, la diputada de MÉS per Mallorca, Isabel Busquets, ha aseverado que con la aprobación de este decreto ley "se devuelve la dignidad a nuestro pequeño país". Asimismo, el diputado de MÉS per Menorca, Nel Martí, ha comparado las leyes promovidas por Bauzá "en contra" de la lengua catalana con los "Decretos de Nueva Planta". "Bauzá es la reencarnación de Felipe V en el siglo XXI en Baleares", ha aseverado.

"Utilizar la lengua para discriminar"

Para la Fundación Círculo Balear (FNCB) esta decisión es una forma de "utilizar la lengua para discriminar a los ciudadanos". Y es que "prohíbe en la práctica que los ciudadanos de otras comunidades puedan trabajar en la administración pública balear, dificultando así la libre circulación de españoles en su propio país. Si bien no se exige certificado alguno sobre conocimiento del español". Es más, desde la fundación hacen hincapié en que con esta medida únicamente se fomenta el uso del catalán: "impide incluso que un ciudadano de Baleares que tenga como lengua materna el mallorquín, menorquín o ibicenco pueda trabajar sino aprueba el certificado de catalán. Prima el conocimiento del catalán sobre la excelencia académica y profesional del trabajador."

"También se prohíben los topónimos con denominación oficial en español, eliminando cualquier referencia al mallorquín, menorquín o ibicenco e imponiendo el catalán en todos los ámbitos de la administración", añaden en un comunicado.

El presidente de la FNCB, Jorge Campos, ha informado de que acudirá a los tribunales. La entidad "defenderá los derechos de los ciudadanos ante la obsesión enfermiza de Armengol y sus socios con la imposición del catalán. Revisaremos las bases de las convocatorias de plazas impugnando y recurriendo ante los tribunales todos los casos discriminatorios que se produzcan. Los ciudadanos discriminados en su trato con la administración tienen a su disposición los servicios jurídicos de la FNCB"

Para Jorge Campos "este gobierno no respeta ni los derechos de los ciudadanos ni las sentencias del Tribunal Constitucional como la que avaló la reforma anterior". Campos es contundente cuando afirma que "la acción de gobierno del ejecutivo balear se define en tres palabras: destruir, prohibir e imponer".