Dimite Federico Ramos, mano derecha de Santamaría, por el escándalo de Acuamed

Federico Ramos de Armas ha presentado su dimisión como subsecretario del Ministerio de Presidencia. El número tres de la cartera dirigida por Soraya Sáenz de Santamaría abandona a petición propia para "defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad". Se va salpicado por al menos uno de los seis contratos presuntamente irregulares que se investigan en la denominada Operación Frontino.

Cuando se cometió el supuesto ilícito y por gracia del exministro Miguel Arias Cañete, ostentaba el cargo de Secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, presidente de Acuamed, que funciona, al parecer, como epicentro de la trama. Varios empleados de esta empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura señalaron a Ramos de Armas en su testimonio ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.

Según fuentes de la investigación, corroboraron su presencia en una reunión donde se habría fraguado el fraude. Un encuentro a tres en el que supuestamente pactó con Arcadio Mateo del Puerto -presunto cabecilla de los desmanes y entonces director general de Acuamed- y FCC una compensación ilegal de 40 millones de euros a favor de la constructora. Pero lo más grave es que, posteriormente, lograron consignar partidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016 para ejecutar lo acordado.

Compensación indebida

Esta supuesta compensación se pactó sobre un contrato concedido a la Unión Temporal de Empresas (UTE) constituida por FCC y Abengoa para la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería). Detalla el magistrado que ambas constructoras debían pagar en virtud del contrato el 100% de los desperfectos causados por una inundación en la obra. Pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, accedió a abonar un 40 % de su valor con dinero público y que FCC pagara el 60% (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran "responsabilidad de la Administración".

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones. Por eso, dice la versión del juez de instrucción, Acuamed y la constructora pactaron las restitución de ese gasto "mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio" de Agricultura, del que depende la empresa pública. Especialmente, esa compensación se plasmaría en el mencionado proyecto para la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por unos 180 millones de inflados con partidas "irreales".

Despedido por honrado

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que Federico Ramos de Armas designó como dirigente de Acuamed a la persona que habría orquestado un fraude superior a 50 millones de euros. Arcadio Mateo del Puerto, como director general de esta empresa pública, se encargó de conceder los seis contratos irregulares que se encuentran bajo el punto de mira de la Audiencia Nacional. Le eligió solo dos meses después de aterrizar en el Ministerio de Agricultura el 11 de diciembre de 2011.

Francisco Valiente encarnaría la otra cara de la moneda. Como directivo de Acuamed advirtió de actuaciones ilícitas en la cúpula de la empresa pública en relación con los seis contratos investigados. Según las fuentes anteriormente citadas, Francisco Ramos de Armas dio carpetazo a la denuncia y rechazó una investigación interna. Por su parte, Arcadio Mateo del Puerto materializó las "amenazas de despido" que vertía sobre los empleados que se negaban a hacer la vista gorda, tal y como describe Eloy Velasco en el primer auto de la investigación.

Una vez cesado de su puesto, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción para notificar sus sospechas de corrupción. Por encima de los indicios que presentó y a sabiendas de ellos, se incluyeron las partidas en favor de FCC y otras empresas en los Presupuestos Generales del Estado. Con estos argumentos, Eloy Velasco ordenó el arresto de trece personas y, después de tomar su declaración, mandó a prisión incondicional a cinco -la cúpula de Acuamed y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman- y permitió a los ocho restantes eludir la cárcel mediante el pago de fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros.

La versión de alguno de los detenidos destapó la supuesta implicación de Federico Ramos de Armas. También existen otras pruebas que descansan ya en manos del juez que conduce la instrucción, Eloy Velasco. Según publica la Cadena SER, el magistrado maneja al menos un correo electrónico en el que el mencionado reconocería su implicación en el fraude. El PSOE ha exigido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha reclamado un informe sobre las actuaciones realizadas en el Ministerio de la Presidencia para esclarecer la implicación del hasta este viernes subsecretario del mismo.