Los padres de Carlos Sáenz de Tejada, Guardia Civil asesinado por ETA en Mallorca el 30 de julio de 2009, albergan un "fuerte temor" a que la juez Carmen Lamela sea parcial en el caso de Aitor Elizarán. Como acusación particular por un delito de lesa humanidad y cinco asesinatos, han recusado a la magistrada paralizando la instrucción. La Audiencia Nacional ha aplazado así la declaración del procesado dentro de la vistilla prevista este martes con la presencia de todas las partes y la declaración indagatoria para informarle de las posibles consecuencias de su carga penal.
La propia Carmen Lamela deberá decidir sobre el incidente de recusación. Si no considera abandonar la causa, un órgano jurídico superior resolverá la cuestión de competencia previo informe de la juez y el recusante.
¿Por qué no Lamela?
Existen episodios que, según el padre del agente asesinado en Mallorca, José Antonio Sáenz de Tejada, acreditan una "clara parcialidad" y una "desigualdad de trato con ruptura de la igualdad de armas" por parte de la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional. Antes de relatar los hechos en concreto, las víctimas enlazan sus dudas con el cargo como asesora del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la época de la negociación con la banda que ostentó Lamela. Ocasiona, a su entender, un "posible prejuzgamiento en torno a estas materias de las que habría podido conocer anteriormente en su anterior actividad gubernamental, formando un criterio previo".
Trato de favor
En cuanto a los antecedentes, en el escrito de recusación denuncia contactos secretos entre Lamela y el abogado de Elizarán. Se habrían producido, por ejemplo, el pasado 11 de diciembre para que el etarra se entregara "de forma inminente, ese mismo día, en el domicilio familiar". El siguiente día hábil, lunes 14, se personaría en el Juzgado, aunque nada ocurrió en conveniencia con lo pactado.
El padre de Tejada, como parte recurrente, se queja porque nadie le notificó las actuaciones tal y como sostiene el procedimiento: "Tampoco, al parecer, merecían los letrados de las acusaciones idéntica llamada telefónica informativa del mismo modo que con la mantenida con la letrada del procesado para informarnos de las nuevas circunstancias".
Se suma además a la crítica contra Carmen Lamela que pronunció Daniel Portero en representación de la Asociación Dignidad y Justicia en los micrófonos de Es la tarde de Dieter. La magistrada habría concedido el pasado 15 de enero -cuando Aitor Elizarán apareció sin avisar en la Audiencia Nacional después de escapar de la Justicia- un límite de media hora para personarse en las dependencias judiciales.
Causa con un "valor vital"
La causa de Elizarán posee un "valor vital y decisivo para acabar con la impunidad de cientos de casos todavía sin resolver de ETA, y de miles de expulsiones forzadas de población ni tan siquiera enjuiciadas nunca, y en la lucha de las víctimas por verdad, justicia y reparación". Así lo explica la familia uno de los agentes asesinados en Mallorca con el apoyo del padre del otro Guardia Civil fallecido en el mismo atentado, Diego Salvà; la asociación de víctimas Dignidad y Justicia; y la Fundación Luis Portero, las acusaciones particulares.
El arresto del exdirigente de ETA debería hacerse efectivo una vez que Elizarán pisara suelo español en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid tras cumplir su pena en Francia. Pero la Fiscalía, con el respaldo de Lamela, argumentó en su defensa que desconocía la llegada. Lo desmintió la Asociación Dignidad y Justicia que, según su tesis, avisó con tiempo al Ministerio Público del regreso de Elizarán. También lo hizo personalmente el juez de enlace con Francia. Pero cinco horas después de tocar tierra en la capital de España, el entorno de Elizarán publicó en Twitter una fotografía tomando vino en un bar de San Sebastián que le rindió homenaje por asesino.
Tras personarse el pasado viernes sin avisar en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela le impuso únicamente una serie de medidas cautelares: comparecer en el Juzgado más cercano cada quince días, ofrecer un domicilio y un teléfono donde se le pueda localizar y permanecer en territorio español.