El caso ERE se estira otros 18 meses más tras cinco años de instrucción

Hace cinco años que dio comienzo el caso ERE provocando uno de los mayores y más suculentos escándalos de corrupción de la historia de España sólo superado años después por el macroescandalazo del fraude generalizado de los cursos de formación en Andalucía y, más que probablemente, en otros lugares de España.

Un lustro después de la denuncia de unos empresarios sobre una "mordida" socialista a una subvención concedida por la Junta, la Fiscalía Anticorrupción exige la declaración de "causa de especial complejidad", lo que implica, cuando menos, 18 meses más de instrucción, algo que ha dejado perplejos a muchos imputados y, desde luego, deja atónitos a todos los que escucharon las críticas sistemáticas hacia la "lentitud" de la juez Alaya.

Si alguien quiere conocer el itinerario del caso desde 2011, puede verlo aquí.

Recuérdese que el caso ERE estalló popularmente cuando dos empresarios grabaron una conversación en el que varios políticos socialistas les pedían una "mordida" de 450.000 euros por concederles una subvención de 900.000. Un 50 por ciento de mordida, nada menos. Era el caso Mercasevilla. Pero, afortunadamente para la instrucción y la justicia, una juez de Sevilla insistente como una termita, la juez Alaya fue la encargada de investigar un caso que pronto condujo a nuevos escándalos de corrupción.

El 19 de enero de 2011, la juez Alaya incoó las diligencias previas 174/2011, más conocidas como caso ERE, y comenzó la pesadilla para el PSOE de Andalucía y su gobierno en la Junta que hasta el momento le ha costado la cabeza a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a numerosos ex consejeros de la Junta, a decenas de ex altos cargos entre directores generales, delegados y otros y así, llegando a un total de casi medio millar de imputados y a un dinero muy importante desaparecido o mal utilizado. De 70 millones se habló al principio aunque luego se superaron los mil millones en diferentes conceptos.

Poco a poco se fue haciendo visible la organización piramidal del escándalo originado, según la conclusión del Tribunal Supremo, por la voluntad política de un partido de utilizar las instituciones y el dinero público para afianzar su hegemonía en una región mediante el uso indebido de subvenciones irregulares y sectarias a las que disfrazó convenientemente de "transferencias de financiación". Esto es, la corruptela nació en la Junta porque fue la Junta quien la diseñó para servir a los intereses políticos del PSOE andaluz.

La salida de Alaya del caso

Se sabía que el PSOE, como en otros casos anteriores como Filesa, trataba de hacerle la vida imposible a quienes afectaban de manera directa a su poder de influir en los ciudadanos mediante juicios de gran repercusión. Fueron muchas y variadas las tácticas de la Junta para desgastar la figura de Mercedes Alaya, desde señalar al marido como alguien sospechoso a poner en duda su imparcialidad o destacar sus relaciones "íntimas" con algunos líderes del PP.

Sin embargo, la carambola inesperada procedió de lo voluntad de la propia juez Alaya de optar a un ascenso en su carrera profesional, a lo que tenía derecho con la fundada esperanza de seguir instruyendo el caso ERE y otros que tenía en cartera hasta su finalización, tal y como había ocurrido siempre en la Justicia española. Pero no fue así. Cuando todo el mundo creía en el círculo judicial sevillano y andaluz que el sucesor de la juez Alaya en el juzgado de instrucción iba a ser su juez de apoyo Álvaro Martín, sobrevino la sorpresa. Una juez de familia sin experiencia penal pero con buenas relaciones personales con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, el martillo de la juez Alaya, ocupaba el puesto por razón de antigüedad.

La juez Alaya resumió su extrañeza y su desconfianza ante esta circunstancia que se concretó de manera inmediata en una primera desautorización del último auto emitido por la instructora habitual hasta entonces y terminó en una guerra abierta entre ambas juezas, hábilmente atizada desde los altos despachos de la Junta de Andalucía. De esta forma se convirtió mediáticamente bronca de dos juezas lo que iba a ser la colisión entre dos maneras absolutamente distintas de instruir. El final fue la exclusión de la juez Alaya del caso y todo el poder para la nueva juez, María Ángeles Núñez Bolaños.

Estupor con la nueva juez

Como se preveía, la nueva juez comenzó a dar señales de que su aplicación del Derecho Penal era como mínimo peculiar. Comenzó por dividir el caso en muchos pequeños casos con el fin, dijo, de acelerar su instrucción, pero el resultado fue que las partes e incluso la Fiscalía discreparon abiertamente de sus continuas decisiones y contradecisiones. Es más, pocos meses cambió de parecer diseñando un plan piloto para el enjuiciamiento de las primeras seis piezas. De este modo, Bolaños hacía saltar por los aires la tesis de la unidad de la causa propiciada por la juez Alaya que, además de otras razones, aducía que la división afectaría a la indefensión de los imputados asaeteados de ese modo por varios juicios. Al principio, los abogados defensores de los principales imputados apoyaron a la juez Alaya pero no la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ni siquiera el propio Tribunal Supremo.

Con el fin, dijo, de agilizar la instrucción de los ERE el gran caso de los ERE se dividió entre el caso de las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de las prejubilaciones, las ayudas concedidas a tres empresas -Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre-, y las subvenciones millonarias que logró el entramado de empresas vinculadas a José María Sayago y José Enrique Rosendo, fallecido el pasado 8 de enero.

Pero ahora, la Fiscalía se ha opuesto a la nueva juez porque sus decisiones no se ajustan a Derecho dado que pretende esperar los primeros resultados de las decisiones de la Audiencia para seguir con las divisiones del caso. Como destacaba el grupo Joly, esperar a las sentencias de la Audiencia supone un "retraso adicional al que ya arrastra la presente causa, sometiendo a un amplio número de imputados a resultas de un pronunciamiento en un juicio del que no serán ni podrán ser parte y partiendo como presupuesto de una supuesta semejanza que no es tal, pues cada expediente puede haber elementos diferenciadores, en la forma y en el fondo, que justifiquen el sentido de un pronunciamiento distinto".

Por si fuera poco, está el tema de la exasperante lentitud que ahora manifiesta el juzgado del caso ERE. Las cuestiones pendientes se amontonan y la instrucción sólo ha investigado un 40% de las subvenciones denunciadas. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción remite sistemáticamente escritos que recuerdan a la instructora los retrasos de sus decisiones. Por poner un ejemplo, fijar las fianzas civiles de 83 imputados, algunas de ellas esperadas desde hace años. Igualmente penden sobre el caso prescripciones inminentes y situaciones penosas como la muerte de cuatro imputados y la jubilación de peritos además de la fuga consumada del ex directivo de Vitalia, una de las empresas implicadas en las comisiones irregulares.

La traca final lo constituyó la cesión inexplicable que la nueva juez hizo a su juez de apoyo Álvaro Martín de la parte mollar de la instrucción de las seis primeras piezas del caso provocando la perplejidad en el mundo judicial.

Cinco años después

De momento, y como último acto, la Fiscalía ha pedido la declaración del caso ERE como causa de especial complejidad al hilo de los nuevos procedimientos judiciales decididos por el Gobierno, lo que implicaría alargar la instrucción como mínimo 18 meses más, algo que ha sublevado a las defensas de José Antonio Griñán y cuatro ex altos cargos, por ahora.

Por tanto, en este momento nadie sabe qué va a pasar realmente en el caso de los ERE pero crece la sospecha de que dada las extrañas maniobras que han concurrido en su instrucción, al final, uno de los más grandes casos de corrupción de la historia de la democracia española, del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía, no tenga las consecuencias judiciales que se esperaban. El tiempo lo dirá. Pero lo que parece es que los partidarios de la confusión han logrado su propósito de oscurecer la claridad que se desprendía de la instrucción de la juez Alaya.