"No hace falta que la Abogacía del Estado se esté pensando durante tanto tiempo si el nombramiento (de Puigdemont) es anulable. Nuestros equipos jurídicos han visto que el juramento es nulo de pleno derecho". Manos Limpias alberga menos dudas que el Ministerio Público sobre el ilícito en la toma de posesión del nuevo presidente del Gobierno catalán. Ante la Fiscalía General del Estado a la que recriminan su inmovilismo, el sindicato ha presentado una denuncia por prevaricación contra Carles Puigdemont y Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara autonómica.
¿Por qué prevaricación? Se trata de un delito de carácter penal que comete una autoridad cuando dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su ilegalidad, comparable al incumplimiento de los deberes de un servidor público. Según el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, "antes del juramento (Puigdemont y Forcadell) se ponen de acuerdo en la fórmula a adoptar: no ha jurado respetar la Constitución, solo respetar la (supuesta) voluntad del pueblo catalán en ese referéndum ilegal y las elecciones autonómicas convertidas en plebiscito", al margen de toda legalidad. El Código Penal lo castiga con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años.
La investidura omitió el "acatamiento a la Constitución y la lealtad a la Jefatura del Estado". Habría vulnerado el artículo 62 de la Ley de procedimiento administrativo que ampara la mencionada cuestión. De ahí que Manos Limpias haya confirmado que llevará su denuncia también por la vía de lo Contencioso-Administrativo. En cualquier caso, esta segunda senda quedaría supeditada a la prioridad del proceso penal.
Inmovilismo de la Fiscalía
"La sociedad española está indignada porque esto parece un circo. La democracia debe respetar el Estado de Derecho y la legalidad vigente y aquí lo que no se puede consentir es que una Comunidad Autónoma y su nuevo presidente protagonicen un juramento no solamente nulo sino también prevaricador". Así explicaba Bernad la situación en Cataluña tras la toma de posesión de Puigdemont en nuevo cargo al frente de la Generalidad.
Al mismo tiempo, ha recordado a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que su obligación es "defender la legalidad vigente y el interés público", como supone la Constitución. A su juicio del sindicato, "no ha hecho los deberes, tendría que haber actuado con la diligencia que requiere un tema de especialísima gravedad".
Suspensión de la investidura
Manos Limpias presenta al presidente Carles Puigdemont como autor material de la prevaricación. En el caso de Carme Forcadell, emplean la figura de "cooperadora necesaria". Ambos eludieron acatar la Constitución para prestarse únicamente a la ruta separatista, explica el colectivo en su denuncia: "Es público y notorio que los denunciados continúan con actos rupturistas ahora desde sus cargos institucionales, prevaliéndose de su carácter de autoridad. Promueven y alientan el ilícito de la sedición-rebelión".
Con estos argumentos, solicitan a la Fiscalía que admita a trámite el documento y practique las siguientes diligencias: declaración de los denunciados; testifical de los grupos PP, PSOE y Ciudadanos; vídeo del acto de investidura y acta de la Sesión de Investidura; currículum de los diversos pronunciamientos separatistas de los denunciados y cuantas interesen al Ministerio Público. Bernad ha manifestado su intención de solicitar la suspensión del acuerdo de investidura como "medida cautelarísima".