¿Quién borró y por qué la información de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas en el Partido Popular? Es la causa que archivó provisionalmente en octubre de 2012 el Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid y que deberá reabrir por orden de la Audiencia Provincial. Su Sección Cuarta ha tumbado una decisión que considera prematura cuando no se han practicado diligencias de investigación. En este sentido, los magistrados entienden útil que la Justicia recabe el testimonio del extesorero y la documentación que pueda aportar.
A raíz de la investigación para determinar si hubo o no financiación irregular en el Partido Popular, el juez Pablo Ruz, apartado de la Audiencia Nacional desde donde dirigía la instrucción, agregó los dos portátiles de trabajo del gerente. Conduciría estas pesquisas Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Madrid competente. Sin embargo, los equipos aterrizaron con los discos duros vacíos. La juez dio carpetazo provisional a la espera de que se determinara si hubo o no financiación irregular en el partido, una causa pendiente de juicio,
Protocolo habitual en el Partido Popular
La versión desde el Partido Popular defiende la destrucción de la información como parte del protocolo habitual. Habrían actuado según dicta su estatuto sobre la utilización de material informático. Según la formación política, "cada vez que se deja de utilizar un equipo asignado a una persona, se reintegra al sistema general para reformatearlos y disponerlos para su posible asignación a otro usuario". Y así lo hizo el PP dos meses después de que estallara el escándalo de los papeles de Bárcenas.
Incluso llegaron a sostener que desconocían la información que guardaba Bárcenas en sus ordenadores. Y se escudaron en el artículo 92.4 de la Ley de Protección de Datos, por el que cuando un trabajador deja su puesto, los documentos o datos deberán destruirse o borrarse para evitar el acceso a información contenida en el mismo. Aunque este precepto se refiera únicamente a los datos "de carácter personal".
Prospera el recurso
La Audiencia Provincial de Madrid sí considera suficientes los indicios de un delito de encubrimiento para reabrir la investigación. Lo hace a instancias de los recursos contra el archivo presentados por UPyD, IU, la Asociación Justicia y Sociedad y Los Verdes.
"Era público y notorio que Bárcenas estaba siendo sometido a investigación penal por graves delitos", dice el auto de la Audiencia que apunta que antes de decidir sobre la causa se debe interrogar al extesorero y consultar los datos que aportó a la Audiencia Nacional en un pen drive y varias carpetas. Así, pide "examinar dicha documentación, contrastarla, y oír a Bárcenas sobre este extremo".