A Francisco Correa le crecen las acusaciones por la trama Gürtel. Se enfrentará a 110 años de prisión en la primera pieza concluida, la llamada Época I o primera época (1999-2005). A partir de este viernes, también a 17 años y nueve meses en las dos piezas separadas en las que el juez José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral. Hacen referencia a las adjudicaciones irregulares de AENA al entramado de sociedades a cambio de dinero y regalos y, en segundo lugar, a la contratación de las mismas por el Ayuntamiento de Jerez para organizar eventos en la Feria de Fitur 2004.
Los empleados conseguidores de AENA
Correa dará cuenta de la pieza separada de AENA, pero también lo harán dos empleados de la empresa pública de navegación aérea. El presunto líder de la trama se enfrenta aquí a una petición del fiscal de diez años de cárcel por adjudicarse entre 2000 y 2002 un total de 22 contratos presuntamente amañados por 2,35 millones de euros.
En la lista de encausados figuran otros tres nombres: Ángel López de la Mota, exjefe de prensa de AENA y su número dos, Javier Gavari para los que el Ministerio Fiscal pide ocho años; así como José Luis Izquierdo, contable de Correa, para el que reclama siete. A los dos responsables de la compañía se les atribuye prevaricación, fraude a las administraciones y cohecho, al cabecilla de Gürtel le añaden falsedad en documento mercantil, y a Izquierdo los dos últimos. Deberán abonar fianzas de hasta 836.000 euros.
La trama Gürtel habría bendecido a los dos trabajadores de AENA a cambio de adjudicaciones que vulneraba los principios de "legalidad, igualdad y publicidad". López de la Mota recibió hasta 67.000 euros para pagar la reforma de su ático en Villaviciosa de Odón (Madrid), viajar a Eurodisney con su familia o visitar las Islas Canarias. Gavari también habría conocido el universo Disney a cuenta de la trama, y Mallorca, y Tenerife, y así hasta los 75.000 euros que le atribuye el fiscal.
Las irregularidades se habrían producido en 22 contratos que superan los dos millones de euros. Adjudicaciones que se produjeron muchas con una declaración de "urgencia inadecuada e improcedente" para esquivar las normas del concurso. De hecho, la firma de algunas concesiones figura con fecha posterior a la prestación del servicio, mayoritariamente la organización de exposiciones y ferias con participación de AENA.
El Ayuntamiento de Jerez
Más poblado estará el banquillo en la segunda pieza. Francisco Correa lo comparte con otras ocho personas por adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2004. Entre ellas aparece su mano derecha, Pablo Crespo; dos trabajadores de la trama, Isabel Jordán y Javier Nombela; las interventoras municipales María del Milagro Pérez y Milagros Abascal; el exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, José Agüera; la empleada de este organismo, Lourdes Montenegro; y el antiguo secretario del consistorio, Manuel Báez.
Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel a Correa, Crespo, Jordán y Nombela por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil; y siete años de cárcel para Agüera, Báez, Pérez y Montenegro por los mismos delitos salvo el último. Reclama, además, dos años de cárcel para Abascal por prevaricación y fraude a las administraciones; e inhabilitación para cargo público a todos ellos con fianzas cercanas a 300.000 euros.
En el caso de la exalcaldesa del Partido popular, María José García Pelayo, seguirá siendo investigada en el Tribunal Supremo gracias a su condición de aforada tras haber obtenido escaño en el Congreso en las pasadas elecciones. Allí deberá declarar próximamente a raíz de los contratos cerrados por el Ayuntamiento de Jerez con Special Events y Down Twon Consulting, dos empresas de la trama, por 355.000 euros.
La número dos a la cámara baja por Cádiz habría adoptado de forma consciente las resoluciones sobre la participación del consistorio en Fitur 2004, según la Audiencia Nacional. Habría secundado la adjudicación de contratos, sostiene el juez, sin tener competencia para ello. Acusaciones por validad ahora en el Alto Tribunal.