Conmoción en el gremio médico. El caso de las prótesis caducadas ha llevado a un juez de Reus, Diego Álvarez de Juan, a investigar a 47 cirujanos de más de veinte hospitales catalanes, de la sanidad pública hasta las más prestigiosas clínicas privadas. Se les acusa de todo tipo de delitos: prevaricación, malversación, corrupción, estafa, alteración de concursos públicos, cobro de comisiones. Eso de entrada, puesto que el origen del caso está en que implantaron miles de prótesis caducadas de rodilla, cadera y cervicales a otros tantos de sus pacientes. Se calculan unas seis mil intervenciones en las que se empleó un material claramente defectuoso.
Las prótesis provenían de una empresa denominada Traiber, de Luis Márquez, vinculada a un consorcio de sociedades del ayuntamiento de Reus, en manos de CiU, y que obligaba a los responsables médicos de los hospitales de media Cataluña a comprar los suministros defectuosos y caducados de Traiber. Teresa Gomis, de Convergencia, ex primera teniente de alcalde tenía, según el juez, un papel destacado en la trama.
El juez destaca y detalla una lista de medio centenar de médicos que cobraron comisiones ilegales y en algunos casos hasta participaron en las presiones políticas para que los hospitales compraran el material defectuoso. Entre ellos figura quien fuera presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Miquel Vilardell, entre 2010 y 2014. El auto también afirma que ante la gravedad del caso las indemnizaciones a los pacientes pueden ser "inusitadas".
El procedimiento convergente en la sanidad catalana es similar al de otros ámbitos económicos. Presiones, porcentajes, cobros, pagos y corrupción en todas sus variantes con CDC, ahora Democràcia i Llibertat siempre al frente y al cabo de las operaciones. El digital e-noticias relaciona a los nuevos investigados y los hospitales donde ejercen al pie de su información.